País de guaruras o de libertades

Perdemos la capacidad de asombro, pero no perdamos la capacidad de acción en las próximas elecciones.

Estamos debatiendo si un gobierno del estado o el gobierno federal proporciona guaruras a los ciudadanos que han decidido ejercer sus derechos políticos para participar en los procesos electorales, en lugar de debatir, por ejemplo, que en el estado de Puebla, a pesar del gobierno de la 4T, no hay avances en los índices de desarrollo social o incluso hay retrocesos.

Los procesos electorales debieran ser considerados los mecanismos civilizados y democráticos para que las diferentes propuestas políticas se sometan al escrutinio público de la ciudadanía, además de ser el proceso mediante el cual los ciudadanos participen en las decisiones de los órganos de gobierno para resolver los problemas de su propia comunidad.

Lamentablemente, estamos asistiendo a un proceso electoral que está manchado de sangre y sembrado de terror por el crimen organizado ante la omisión cómplice del Estado.

Ordenar que unos guaruras custodien o “protejan” a los candidatos a diferentes cargos de elección popular es sólo dar aspirinas contra un cáncer de impunidad que se padece en la mayor parte del país. No se atiende el problema de fondo, en el cual las organizaciones criminales regionales sepan que el Estado no tolerará su intromisión en unas elecciones que debieran caracterizar a la democracia mexicana.

La izquierda que ganó las elecciones presidenciales y la mayoría de las gubernaturas ha sido incapaz de brindarle seguridad a la sociedad en general, ni siquiera a los candidatos a puestos de elección popular. En un verdadero Estado democrático de derecho, no sólo los candidatos no requerirían guaruras, sino que la sociedad en general no requeriría que saliera a las calles el Ejército vestido de gendarme.

En materia de seguridad pública es una mentira que para la 4T primero los pobres, toda vez que las autoridades no nos informan cuáles son las condiciones socioeconómicas de la mayoría de las víctimas del crimen organizado; al respecto, nos atrevemos a formular la hipótesis que la mayoría de los asesinados, violentados (mujeres y hombres), incluso de los sicarios, provienen de los estratos socioeconómicos más bajos, sin menoscabo de que existan muchas excepciones.

Pero también la 4T le miente a la sociedad, porque no ha habido una transformación positiva de las instituciones de seguridad pública en el contexto de una sociedad democrática, puesto que no sólo los resultados están a la vista cuando debatimos si los gobiernos de los estados, el gobierno federal o incluso el INE están fallando en los protocolos para proporcionar guaruras a los candidatos.

No se requeriría que militares o policías disfrazados de guaruras expongan sus vidas en un contexto en el que el Estado está siendo cómplice por ineficaz en el combate al crimen organizado. Los sicarios (jóvenes del pueblo bueno que es contratado por el crimen organizado) están actuando con total impunidad ante la ineficacia cómplice del Estado.

La sociedad mexicana está perdiendo el debate cuando, de acuerdo con una investigación de Excélsior, en Puebla en 2016 había 3.67 millones de personas en pobreza multidimensional, y en 2022 aún había 3.62 millones. En 2016, 8% de personas no tenía recursos suficientes para cubrir una canasta alimentaria y en 2022 el porcentaje fue de 11.4. En materia de salud, en 2016 había un 17.4% de la población sin acceso a la afiliación de ningún sistema de salud, en 2022, se llegó a un porcentaje récord de 48.3% (https://www.excelsior.com.mx/nacional/puebla-empeoro-en-lo-social-durant...). En términos similares se encuentran los indicadores de condiciones deficientes en materia de educación, carencia de los servicios básicos en la vivienda, deficiencias en la alimentación nutritiva y de calidad, entre otros.

Mientras el país padece indicadores de deficiencia en el acceso a los servicios de salud, deficiencia en la calidad educativa, además del rezago educativo, y de impunidad, las conferencias de las mañaneras tienen más ocupado al Presidente de la República en hacer declaraciones en torno al proceso electoral, olvidándose de las críticas que en el pasado le hizo a los presidentes en turno por interferir en el proceso electoral. El país está perdiendo el debate.