Obstinación vs. la democracia

El mismo día que se desechó la reforma constitucional se consumó otro ataque al INE. No se aprobó la reforma constitucional, gracias al apoyo que expresó: El INE no se toca, en la marcha en que se convocó por ciudadanos, más allá de partidos políticos, y que acudió en forma voluntaria.

Días después de la marcha ciudadana, desde el poder público, con recursos del erario  (puesto que las conferencias de prensa mañanera, se realizan con y en espacios públicos), se convocó a una marcha para justificar un ataque a las normas y principios democráticos de nuestro país.

El pasado jueves 8 de diciembre, las y los diputados del grupo gobernante no alcanzaron los votos suficientes para reformar la Constitución de nuestro país, porque desde las pasadas elecciones federales la ciudadanía había dado un claro mensaje que no quería reformas constitucionales (entre ellas contra el INE) respaldadas únicamente por el grupo gobernante.

La ciudadanía salió a votar en las elecciones federales intermedias y no refrendó una mayoría calificada al partido ni a sus aliados en la Cámara de Diputados, a pesar del derroche de recursos públicos para comprar votos y coaccionar a todos los que pudieron, además del apoyo publicitario del Presidente de la República.

Sin embargo, haciendo alarde de su mayoría simple, se dispensaron todos los trámites para aprobar una iniciativa que fue presentada y votada el mismo día, sin garantía alguna de que fuera conocida ni siquiera por quienes votaron a favor de la iniciativa y la dispensa de todos los trámites legislativos normales.

Como si al país le urgiera modificar la estructura interna de una de las instituciones públicas con mayor respaldo social y eficaz en el desempeño de sus funciones, como es el INE, que incluso garantizó los resultados electorales de la elección de quienes ahora pretenden afectarlo.

Dentro de las modificaciones más importantes se encuentra la eliminación de las Juntas Distritales, la compactación del servicio electoral y permite que los servidores públicos (entre ellos el propio Presidente de la República, algo que en el pasado criticó) se pronuncien sobre las campañas electorales, a pesar de que estaría prohibido por la Constitución.

En la reforma legal que está ahora en el Senado, se propone decir que “no constituye propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”. Sin duda alguna que, lo que en el pasado les pareció incorrecto, ahora se pretende que sea correcto, porque el actual gobierno lo promueve.

Situación similar sucede con la propuesta de que se le trasladen votos a un partido político provenientes de otro. Por ejemplo, si cualquiera de los partidos satélites del actual gobierno no alcanza la votación mínima para mantener el registro como partido político y quiere seguir cobrando los beneficios económicos, bajo la reforma que se promueve, cualquier partido político podría transferirle votos. Esta propuesta no sólo ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte, sino que se pretende modificar en el Senado de la República como un símbolo de sensibilidad política y congruencia democrática, al igual que en otros aspectos.

El país requiere muchos cambios antes que tratar de modificar el sistema electoral. Abordar este tema como una prioridad nacional desvía la atención nuevamente del rezago en la reducción de la pobreza, atender las deficiencias en la educación de nuestra niñez mexicana, superar las graves deficiencias que se van acumulando a los sistemas de salud pública y privada, implementar una estrategia verdaderamente eficaz contra la corrupción.

Estamos por terminar un año que, a pesar de los avances que la sociedad trabajadora está impulsando para tratar de retomar los niveles prepandémicos, aún estamos padeciendo diversas políticas públicas que impiden la recuperación que demanda el país.

Si el Presidente de la República impulsa a sus corcholatas a distraerse de los temas que son su responsabilidad. La sociedad debe evaluar que sus acciones, como asistir a la marcha para defender al INE o el ejercicio de sus derechos políticos, pueden hacer un cambio en nuestro país.