Legitimidad de un estadista

El apoyo popular que una persona tiene para acceder a los cargos de elección popular es una de las piedras angulares de la democracia moderna, pero no la única, porque no puede dejarse de lado el apoyo, el consenso y, por tanto, la legitimidad que se debe construir día a día.

La historia de la humanidad tiene diversas experiencias de genocidas y dictadores que fueron electos democráticamente, por tanto, esa experiencia ha llevado a supervisar la legitimidad democrática en el ejercicio del poder público.

En estos momentos es necesario hacer un alto en el camino porque padecemos un contexto político y social sumamente polarizado; pareciera que aún estamos a la mitad de las campañas electorales, cuando el discurso de confrontación sirve para evidenciar las diferencias y las propuestas; sin embargo, ya en el ejercicio de las funciones de un Estado no se debiera gobernar con un discurso y acciones que dividan, polaricen y confronten a la sociedad, sino que, a pesar de las divergencias, la hagan caminar unida hacia ciertos objetivos comunes (por ejemplo la lucha contra la violencia de género- pues la violencia contra las niñas y mujeres ya no tiene cabida en ninguna sociedad que se considere democrática).

En las conversaciones en el trabajo, con las amistades e incluso en las familias, fácilmente emergen las divergencias y la confrontación entre posiciones respecto al gobierno y el Presidente; lamentablemente, en ciertas ocasiones esas divergencias discursivas se vuelven irreconciliables y ha llegado a ciertos niveles de violencia en los actos públicos (ejemplo de ello son los ataques a los periodistas, quienes son un símbolo esencial de la libertad de expresión, base de cualquier democracia moderna).

Se está perdiendo el rumbo de los valores que se debieran privilegiar en la construcción de la sociedad en la que aspiramos que vivan nuestros hijos.

Existe un consenso en el mundo occidental que el sistema político más adecuado para vivir es una democracia, la cual implica no sólo un régimen político de gobierno que ejerce las funciones públicas garantizando el ejercicio de los derechos de todos, sino además un régimen social que implica que también la sociedad garantice y respete el ejercicio de los derechos de los demás, pero también, a la vez, implica el cumplimiento de las obligaciones cívicas y éticas.

Quienes ejercen funciones públicas deben comprender que ejercen una investidura pública que rebasa sus propias características personales. Los servidores públicos están comprometidos con una nación, más allá incluso de su propio partido y seguidores, puesto que ahora debe gobernar para todos; por tanto, deben gobernar pensando en lo que se espera de ellos, en particular de quien debe ser el estadista, no sólo como un individuo que sustituyó a otro para hacer del ejercicio del poder lo que se le antoje.

A pesar de que se tomaron decisiones de gobierno incluso antes de la toma de posesión, en estos días se ha expresado un balance del primer año formal de gobierno, durante el cual diversas acciones de gobierno han tenido serios cuestionamientos, desde el ámbito de la legitimidad democrática del ejercicio de gobierno.

La evaluación de las principales acciones de gobierno se debe realizar en el contexto del respeto a los derechos y principios de una democracia constitucional. Tanto los derechos humanos de todos, no sólo quienes apoyaron al candidato, porque ahora se ejerce funciones para todos los habitantes del país (incluyendo por ejemplo a sus adversarios políticos, periodistas y cualquier otro con el que disienta), porque ahora se gobierna para todos; pero también se debe respetar la división de poderes, porque en ella radica la protección de los derechos referidos.

En la medida que los legisladores y jueces se sometan a sus caprichos, los derechos de todos estarán a disposición y capricho del Ejecutivo. Situación similar sucede con los órganos constitucionales autónomos que se han ido creando para garantizar funciones al margen de la coyuntura política del gobierno, tal es el caso de la Fiscalía General de la República, de la CNDH, del Banco de México, del Inegi, o del INE, entre otros….