Incertidumbre en la 4T
Los inversionistas saben que tienen ciertos márgenes de riesgo propios de la naturaleza de las empresas, sin embargo, en términos generales, tales personas requieren de una garantía institucional a la cual puedan acudir para defender sus derechos, más allá de la promesa de un gobernante.
Se profundiza el escenario negativo para la inversión privada nacional e internacional.
La seguridad pública y la seguridad jurídica son dos elementos fundamentales para generar certidumbre a los inversionistas. Lamentablemente, los índices de inseguridad pública son evidentes, basta acercarse a cualquier parte del país para conocer la gravísima situación de inseguridad.
Otro elemento fundamental para generar certidumbre a la inversión privada es la seguridad jurídica.
La reforma judicial que propone el actual Presidente de la República dinamita dicha seguridad jurídica, toda vez que propone sustituir la racionalidad como fuente de legitimidad de los ministros, magistrados y jueces, por una legitimidad basada en la simple mayoría de unos votos, que se pueden seducir o comprar por cualquier medio distinto a la racionalidad de sus argumentos en las sentencias.
Es de sentido común que las personas que van a invertir recursos económicos requieren diversas condiciones que les proporcionen, al menos, ciertos márgenes de certidumbre.
Una de esas condiciones es que, en caso de una controversia con motivo de la inversión, el inversionista pueda acudir ante una institución que, con certidumbre, resuelva dicha controversia en forma racional, imparcial y justa.
Sin duda, hay algunos inversionistas muy importantes que tienen siempre ciertos privilegios por parte del poder público; sin embargo, la generalidad de los inversionistas no tiene ese privilegio y tampoco pueden estar sujetas a la incertidumbre del estado de ánimo volátil de un Presidente de la República.
Los inversionistas saben que tienen ciertos márgenes de riesgo, propios de la naturaleza de las empresas, sin embargo, en términos generales, tales personas requieren de una garantía institucional a la cual puedan acudir para defender sus derechos, más allá de la promesa de un gobernante que un día dice una cosa y en otro momento puede cambiar, según su estado de ánimo.
Un país evoluciona en la medida en que la atención de los asuntos públicos se realiza por verdaderas instituciones; es decir, por organizaciones que sustenten su desempeño en personal con sólida formación y de experiencia profesional, además de procedimientos regulados que garanticen su nivel de eficiencia.
El esquema de división de Poderes, propio de un Estado moderno, le debe garantizar al ciudadano el derecho de acudir ante un juez que se desempeñe con autonomía e imparcialidad y esté obligado a fundar y motivar sus resoluciones; incluso, que dichas resoluciones también sean susceptibles de ser impugnadas para que sean revisadas por otro órgano jurisdiccional.
El desempeño de los jueces y órganos jurisdiccionales revisores se sustenta en la racionalidad de sus determinaciones.
Esta racionalidad es la principal característica que distingue el desempeño de los órganos jurisdiccionales. A diferencia de los órganos legislativos, ya que emiten leyes que, para conservar su legitimidad política principalmente tratan de satisfacer el interés de quienes votaron por ellos.
Situación similar sucede con el gobernante electo, quien también tiene principalmente el mismo objetivo de conservar su legitimidad política, tratando de satisfacer el interés de quienes votaron por ellos, y mantenerse en el poder, bajo la justificación de proteger los intereses públicos, aunque la definición de tales intereses estaría sujeta a su discrecionalidad o de sus principales seguidores, quienes legitiman sus decisiones.
Sin embargo, los jueces y los órganos jurisdiccionales revisores no sólo deben justificar racionalmente sus sentencias conforme a la ley, sino además, conforme a los valores, principios y derechos humanos del moderno Estado democrático de derecho, en lugar de estar buscando votos y caerle bien al gobernante en turno.
La función esencial del Poder Judicial en cualquier país democrático del mundo occidental consiste en controlar los actos de gobierno conforme a la ley, los valores, principios y valores que tienen como finalidad la dignidad de la persona. Modificar este esquema no sólo degrada el Estado de derecho, sino lo coloca fuera del mundo occidental, del lado oscuro de la historia y en la incertidumbre.