Humanismo: hacerlos marchar

Se eliminan escuelas de tiempo completo y se paga la marcha de elogios. En las escuelas de tiempo completo se les proporcionaban alimentos a los alumnos de escasos recursos, además, se les daba atención en un horario más amplio que el ordinario. Se eliminó este programa, al igual que no se ha invertido para revertir el rezago educativo que se generó con motivo de la pandemia.

Se han recortado los presupuestos a programas como la capacitación de los docentes o la educación de menores con discapacidad, al igual que muchos otros en el sector de la investigación y el desarrollo científico.

A diferencia de ello, pudimos ser testigos de cientos de camiones que vinieron de las entidades gobernadas por el partido en el poder, además, que, en muchos de los casos, se debió pagar hospedaje y alimentación de los asistentes a la marcha del elogio. Todo lo anterior, sin que se haya puesto a disposición de la opinión pública la comprobación del uso de los recursos con los que fue financiada la citada marcha del elogio.

No es la primera vez que la sociedad mexicana advierte cómo se utilizan los recursos del Estado para comprar las voluntades y aprovecharse de la necesidad del pueblo. Eso no es humanismo. Pagar para que personas con necesidades económicas acudan a marchar es una modalidad de la servidumbre.

Los programas sociales en los que se distribuyen miles de millones de pesos a personas que no hacen nada, sólo los someten a un modelo de servidumbre para que, como este fin de semana, se les “convoque” o “solicite” que acudan a marchar, como se les pedirá que emitan su voto en las próximas elecciones.

Este modelo de gobierno no es propio del humanismo. En el humanismo se respeta la dignidad de la persona.

Para muestra del nuevo engaño que se propone, sólo podríamos contabilizar y enunciar las descalificaciones de los adversarios, los cuales también son seres humanos que, si bien disienten y opinan en forma contraria, merecen todo el respeto que implica una verdadera política del humanismo.

Hace un par de semanas, salieron a las calles miles de personas sin que se les pagara, sin que se les amenazara que se quedarían sin el beneficio de las becas o de sus puestos de trabajo en el gobierno.

Las personas que salieron a la calle hace unas semanas lo hicieron porque están en desacuerdo con un gobierno que pretende destruir una institución pública de prestigio social como el Instituto Nacional Electoral, que ha sido y será garante de la voluntad popular en las elecciones de nuestro país.

Es un engaño que se califique de humanista una política que se dedica a justificar casi todo en favor del pueblo, lo cual evidencia más el populismo que se aprovecha de las precarias circunstancias de miles de personas y se le somete a una servidumbre política.

La dignidad de la persona, piedra angular del humanismo, jamás podrá someterse a la voluntad popular en encuesta, votación o plebiscito alguno, como constantemente ha sido un instrumento de manipulación política en los discursos políticos de la actual administración.

Esa misma dignidad y sus derechos se encuentran tutelados y garantizados por la autonomía y legitimidad del Poder Judicial frente al supuesto interés público del poder político.

La presunción de inocencia, el debido proceso, la primacía de los derechos constitucionales, entre otros, son escudos constitucionales y legales que han sido desarrollados para proteger la dignidad y los derechos de los seres humanos, propios de un verdadero humanismo, a diferencia de quienes pretenden oponerle en llamado interés público o interés del pueblo.

Esas son algunas de las diferencias esenciales entre un verdadero humanista y un populista. El primero tutela la dignidad de la persona y el otro paga porque el pueblo lo cargue en hombros o marche en su nombre.

La marcha pagada del pasado domingo surgió como consecuencia de la muestra de verdadera civilidad en una marcha de personas libres que se manifestaron en contra de un sistema que pretende imponerse abusando del poder político, pretendiendo pasar por encima de la Constitución.