¿Hasta cuándo la policía civil?

Supuestamente, en la emergencia de “la coyuntura” de la inseguridad, el Ejército suple la falta de una institución policial civil confiable y capaz, a nivel federal, estatal (la mayoría) y municipal (casi en la totalidad).

Lamentablemente, a diferencia del pasado, en este gobierno, supuestamente de izquierda, no se presentó, ni se ha presentado, un proyecto para formar una institución policial civil.

Sin duda alguna que no se crea una institución de la noche a la mañana, sin embargo, cuando se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional y se permitió, por un plazo, la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, el propósito era la formación de la institución civil que reasumiera su responsabilidad policial en un gobierno civil.

Si bien en dicho plazo no se habría creado esa institución policial civil, pero debieron presentarse las acciones que demostraran el compromiso para ello, no obstante, hasta hoy, no hay una propuesta de gobierno para la formación de una policía civil, y se propone por el gobierno, supuestamente de izquierda, profundizar la militarización de funciones civiles (aduanas, aeropuertos, construcciones civiles, entre otras).

Es mal intencionada, sin contexto histórica y falsa la acusación de dejar sin seguridad a la sociedad por regresar a los militares a sus cuarteles.

Es mal intencionada, porque es bien sabido el prestigio y altos niveles de credibilidad de las Fuerzas Armadas, bien ganada en las funciones de apoyo a la sociedad en casos de desastres y de una institución militar con un histórico servicio profesional de carrera y alta participación popular en dicha institución. Es evidente que sea impopular cualquier propuesta por limitar, conforme a un Estado verdaderamente democrático, la participación del ejército en la vida pública, más aún si la estrategia de ampliar la militarización de la policía proviene de un gobierno supuestamente de izquierda.

Carece de contexto histórico el planteamiento de abandonar a la población si se quita a los militares de las calles, porque en este mismo espacio hemos propuesto que se formaran acuerdos partidistas que superaran las diferencias electorales y coyunturales para apoyar políticas de Estado, como lo exigía el tema de la creación de una institución policial civil, obviamente con altos estándares de calidad y profesionalismo, además de supervisión y asesoría internacional, lamentablemente, la visión coyuntural y cortoplacista electorera ha prevalecido.

Desde hace casi 30 años que se propuso un Sistema Nacional de Seguridad Pública y la creación de una Policía Federal (hay quienes ahora con altos cargos en el ámbito de la seguridad participaron en tales intentos de creación de policías civiles); sin embargo, no se ha podido lograr, ya que, desde entonces, hubo mezquindad política, pues quienes impugnaron ese sistema ahora lo defienden impulsando una propuesta con un militarismo absoluto y sin un modelo en el horizonte (ya ni siquiera a mediano plazo) de corte civil.

Es falsa la propuesta porque no hay pruebas verificables que la participación de las fuerzas militares contribuya a disminuir la impunidad, que implica detener y aportar evidencia que pueda ser presentada en los juicios penales para lograr sentencias condenatorias (como lo hacen todas las policías de las democracias consolidadas).

Tampoco tenemos información, verificable por la sociedad en general, que con la intervención de las Fuerzas Armadas disminuya en forma sostenida la actividad criminal (más allá de las semanas inmediatas de la publicidad del arribo de contingentes militares).

En el Senado de la República no se discute sobre la institución civil de policía que nuestro país, como democracia, necesita; se discute una emergencia que tiene más de 30 años, es decir, mantener a los militares haciendo un trabajo que los civiles no han querido hacer bien.