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Gobierno rebasado y confundido en prioridades

Armando Salinas Torre

Armando Salinas Torre

Proyectos personales se privilegian sobre el interés general. No caigamos en la trampa de desviar el debate.

El Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, son proyectos de infraestructura inviables económicamente (Leo Zuckermann - El Tren Maya: la otra tontería [excelsior.com.mx], Una testarudez muy cara 2020/09/17 | Excélsior [excelsior.com.mx], Otra testarudez costosa 2020/09/22 | Excélsior [excelsior.com.mx]), ya que el costo de inversión no tiene relación con los probables beneficios económicos que se podrían obtener. Incluso, el aeropuerto de Santa Lucía tampoco debiera ser un proyecto económico financiado y ejecutado por el gobierno, cuando ya existía un proyecto de Nuevo Aeropuerto, sustentable en todos los aspectos.

Los proyectos insignia de la 4T sólo son un capricho personal que podrían sacrificarse para favorecer mejores prestaciones al personal médico, la mayor adquisición de vacunas, eficientar la distribución de los medicamentos, proporcionar apoyo a las fuentes de empleo, entre otras necesidades apremiantes ante la grave crisis que tenemos.

Por ejemplo, hace unos días explotó la estación principal del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Zona Metropolitana del país, debido a que los gobiernos del PRD y ahora de Morena no le han asignado el presupuesto necesario para el mantenimiento adecuado. El caos y aglomeraciones ocasionados por esta situación provocará mayores contagios que, lamentablemente, implican pérdida de vidas humanas, afectaciones graves de salud a muchas personas y un elevado costo por la atención médica, además de los graves problemas socioeconómicos que ello implica.

El supuesto partido político Morena y sus aliados tienen el control de la mayoría en el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; es decir, tienen todo el poder político suficiente para decidir las prioridades nacionales en el presupuesto de la Federación y del Gobierno de la CDMX. No tienen excusa.

Es un pretexto y vana estrategia electorera pretender desviar el debate de las prioridades y deficiencias del gobierno. En su lugar se propone que se eliminen los órganos constitucionales autónomos para utilizar más eficientemente los recursos públicos, cuando los recursos obtenidos por dichos recortes son insuficientes para atender la crisis.

Los órganos constitucionales autónomos surgieron como producto de la progresión del sistema universal de derechos humanos. Ante la ineficacia en la tutela a tales derechos por el gobierno, fue necesario crear, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, sin embargo, bajo los argumentos que ahora se pretenden utilizar para suprimir instituciones, podrían ser aplicados para desaparecer la CNDH, al respecto, el razonamiento evidencia lo absurdo de la propuesta de eliminarlos, en lugar de mejorar su funcionamiento para que se garantice, por ejemplo, la efectiva protección del acceso a la información, la competencia económica, mejor regulación y supervisión de las telecomunicaciones, entre otras.

Retomando el debate, ¿cuándo fue la última vez que vimos a los más altos mandos del gobierno federal en los hospitales públicos para constatar las carencias y liderar la propuesta de dotarlos de mayor presupuesto, prestaciones a los médicos y enfermeras, pero, sobre todo, mejorar las condiciones de la prestación del servicio?

El debate no es si los órganos constitucionales autónomos que pretende desaparecer el Presidente de la República cumplen la función para la cual fueron creados, sino empezar por reconsiderar sus propios proyectos que carecen de viabilidad económica y canalizar dichos recursos públicos a las prioridades nacionales.

Ahora los culpables son los órganos constitucionales autónomos, porque ya se desgastó el pretexto de culpar a los gobiernos anteriores, al neoliberalismo, a los conservadores y distraer de un gobierno rebasado por la crisis, sistema de salud al borde del colapso, que sólo se ha vacunado a menos del 1 % de la población, cuando requerimos de vacunar a alrededor de 80 millones de habitantes para superar la crisis.

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