¿Gobierno electo democrático?

En nuestro país tuvimos unas elecciones presidenciales en las que sólo participó un candidato a la Presidencia de la República (José López Portillo) y, a pesar de ello, muchos criticamos esa elección como antidemocrática, ya que se violaban principios esenciales de la misma. Y, sin embargo, ahora conviven en el gobierno los que fueron demócratas críticos de aquella elección y gobernantes antidemócratas de aquel gobierno.

El constitucionalismo moderno, como lo llama un defensor del gobierno electo, no sólo logra la hazaña histórica de someter toda actuación estatal a las leyes, sino el sometimiento de todos los poderes (formales e informales) a los principios que son la esencia y sustancia de la democracia misma.

Nadie cuestiona la legitimidad democrática de origen del gobierno electo, pero comienza a ser evidente que el gobierno electo, para ser calificado de demócrata, no basta con que haya sido elegido por la mayoría, sino que, además, es necesario que los actos de dicho gobierno electo (durante este periodo de transición y en gobierno en funciones) sigan los principios esenciales de la democracia, para refrendar, día a día, la legitimidad democrática en el ejercicio del gobierno mismo.

La intromisión del Ejecutivo federal en las decisiones y funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial violan el principio esencial de la división de poderes de una democracia constitucional.

La autonomía de los poderes garantiza un equilibrio en el ejercicio del poder, en cuyo vértice se encuentran los derechos de todos los ciudadanos.

A pesar de ello, en un mismo día, el Senado de la República cambió de opinión para que el Ejecutivo federal cumpliera el capricho de un individuo de ser senador de la República y gobernador de Chiapas al mismo tiempo.

La pasada elección federal fue resultado de un largo proceso que estableció leyes que regularan el procedimiento, organizado por ciudadanos insaculados, capacitados, supervisados por los contendientes y observadores nacionales e internacionales, fiscalizados por entidades autónomas, con un tribunal que resolvería jurisdiccionalmente las impugnaciones, todo ello siguiendo los principios democráticos.

A diferencia de la “consulta democrática” sobre la sede del aeropuerto internacional, la cual no cumple con los estándares mencionados ni resiste las críticas, utilizando los mismos argumentos de quienes antes militaron en la oposición y ahora son gobierno, sobre elecciones o consultas populares.

Parten de premisas falsas para arribar a una conclusión falsa. Ni fue sólo organizada por simples ciudadanos ni el proceso cumple los estándares mínimos de un ejercicio democrático ni el resultado fue una decisión del “pueblo” y, lo peor del asunto, no se trata de un asunto, como es la continuación de un aeropuerto, que debiera decidirse en una consulta pública ni mucho menos justificarse como se hizo, mintiéndole a la nación diciendo que el pueblo decidió.

La consulta fue decidida y convocada por el presidente electo, una persona que no es cualquier ciudadano, miente quien afirme lo contrario, pues sería desconocer que dicha persona, a diferencia de cualquier otro ciudadano, por ejemplo, dispone de los recursos públicos que se destinaron para el gobierno de transición, que dispone de información de seguridad nacional reservada sólo para servidores públicos, que desde que se conocieron los resultados de las elecciones tiene uno de los principales poderes del Presidente de la República, nombrar y remover a los secretarios de Estado (quienes, a pesar de que tomarán posesión el 1 de diciembre, ya ejercen —si no decisión— influencia decisiva en las acciones incluso del actual gobierno) y, finalmente, puede comprometer, negociar y condicionar obras públicas del próximo gobierno.

No existieron controles independientes sobre la fiabilidad de todo el proceso, el supuesto número de participantes en el proceso no es representativo de la población, entre muchos otros cuestionamientos desde la óptica de los principios democráticos.

Más allá de que puedan expedir leyes o reformarlas, incluso reformar o expedir una nueva constitución. En tanto no cumplan con los principios de ese constitucionalismo moderno, corremos el riesgo de seguir padeciendo un gobierno autoritario y antidemocrático.

Hoy, los empresarios, al parecer, aceptaron el chantaje de no impugnar bajo la amenaza de ser excluidos de próximas obras públicas. ¿Y el país en general, cómo queda frente al poder de un solo hombre?