Gobierno de ocurrencias fallidas

De distribuidor de gasolina con pipas compradas por el gobierno a distribuidor de gas LP. En pleno siglo XXI, cuando la ciencia avanza a grandes pasos en todos los ámbitos, nuestro país sigue empleando la improvisación y ocurrencias para atender los problemas nacionales.

Ante la problemática del incremento en la venta de gas a los consumidores finales, el gobierno responde con una ocurrencia más en esta larga cadena de improvisaciones, ya que, sin estudio serio alguno, propone crear una empresa del Estado que compre y distribuya el gas LP hasta el consumidor final.

Se improvisó en las decisiones de construir una nueva refinería y comprar otra en el vecino país, cuando el mundo avanza hacia energías renovables y limpias, además de dejar atrás los combustibles fósiles. Tal vez el Presidente hubiera consultado a la población sobre la compra de una refinería, en lugar de comprar los medicamentos oncológicos para atender a los niños con cáncer o para comprar las pruebas de detección de covid que se requieren como parte esencial de una verdadera estrategia para disminuir el número de contagios.

Un año después de iniciada la pandemia, el gobierno sigue improvisando, cuando hay un agotamiento social para que los jóvenes y la sociedad en general se mantenga resguardándose en sus casas o siga las medidas preventivas. Es verdad que se trata, por un lado, de una grave y lamentable irresponsabilidad social, pero el Estado no puede ni debe abdicar de sus funciones esenciales, como es garantizar la salud pública y, para ello, debe valerse de todos los instrumentos y mecanismos que, como hemos dicho, la ciencia moderna pone a su alcance, y no sólo meras ocurrencias e improvisaciones.

En materia de seguridad pública, las ocurrencias y la improvisación también están cobrando víctimas en Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y en muchas otras entidades.

La última ocurrencia en esta materia es la propuesta de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicha propuesta no toma en consideración la finalidad con que fue creada tal institución como cuerpo civil de seguridad pública y que tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Tampoco el gobierno toma en cuenta, con base en la historia en Latinoamérica, que involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública afecta su prestigio y, sobre todo, pone en riesgo los derechos humanos.

Al gobierno de izquierda y de la 4T (¿?) se les ocurre que la Guardia Nacional, a cargo de la Secretaría de la Defensa, intervenga en los nuevos juicios orales del sistema penal acusatorio y, cuando en su desempeño se involucre la investigación de los delitos, deberá actuar bajo el mando y conducción de la Fiscalía General. Se improvisó la remodelación de un aeropuerto militar para atender la demanda de la Ciudad de México, que tiene uno de los tráficos aéreos más intensos del mundo, en lugar de consolidar uno de los proyectos de infraestructura más estudiados y largamente planeados, como fue el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se decidió remodelar otro sin tener los estudios de aeronáutica, de impacto ambiental (por si no fuera relevante en el contexto de la peor tragedia de la historia reciente de la humanidad: el cambio climático), tampoco se tenían los estudios de infraestructura vial para acceder al lugar y los diversos impactos que generarán las nuevas vialidades, tampoco se presentó un estudio de viabilidad económica en conjunto de la cancelación y la remodelación del aeropuerto militar. Es evidente que la eficacia de la propuesta de vendedor y distribuidor de gas consistirá, una vez más, en distraer de los fracasos gubernamentales y seguir comprando votos y afianzando el viejo sistema de servidumbre incondicional. ¿El gobierno mexicano será mejor vendedor y distribuidor de gas que la autoridad que debería ser para controlar y supervisar dicha actividad?