Falso combate a la corrupción

Es mentira el combate a la corrupción, puesto que las evidencias dicen lo contrario.

Las acciones nos hablan más que los discursos y las mañaneras. A pesar de que se culpe al pasado, el actual gobierno anula instituciones y evade la ley en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Sin duda no teníamos instituciones electorales perfectas, pero no por ello debían anularlas. ¿Alguien podría recordar cuándo fue la última vez que el secretario de Gobernación había realizado una conferencia de prensa conjunta con los consejeros electorales y, sobre todo que anunciaran conjuntamente políticas del órgano constitucional autónomo, como para “hacer más, con menos”?

Ahora, también los senadores de la mayoría, conjuntamente con el secretario de Gobernación, anuncian que no nombrarán a los nuevos integrantes del órgano constitucional “autónomo”, encargado de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental.

Es evidente no sólo la falta de compromiso de este gobierno con la democracia electoral, sino también con los mecanismos institucionales que nuestro país ha creado, por mandato constitucional y legal, para obligar a las instituciones públicas para transparentar, desde el uso de los recursos públicos, hasta toda la información pública que se genera con el erario público de todos los mexicanos.

Desde principios del presente sexenio ya se ha señalado en varias ocasiones cómo se ha favorecido el mecanismo de adjudicaciones directas, por encima de las licitaciones públicas, lo cual, obviamente esta situación evidenciaba lo que ahora se confirma, no sólo la falta de compromiso de este gobierno con los mecanismos para combatir la corrupción, sino además del cumplimiento de la ley.

La diferencia entre las organizaciones criminales y el Estado es que los primeros cumplen sus objetivos a como dé lugar, en tanto que el Estado debe cumplir sus finalidades cumpliendo la ley, puesto que dicho sistema legal se ha diseñado y aprobado para limitar el ejercicio del poder, imponiendo procedimientos que garanticen una serie de principios que legitiman el ejercicio del poder público.

En cumplimiento de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado  había aprobado los nombramientos de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los cuales fueron “vetados” por el Ejecutivo federal; es decir, no sólo se incumple la ley, sino que, además se incumple un mandato de nuestro máximo tribunal constitucional.

Ya no sólo se trata de la opacidad en el uso de los recursos públicos, sino que se sigue gobernando al margen de la ley y de la Constitución, así como de las resoluciones de la SCJN. El argumento de que se trata de una institución onerosa e ineficaz no es una justificación legal para incumplir la Constitución.

En realidad, el verdadero objetivo del grupo en el poder es el uso de los recursos públicos para aprovecharse de la pobreza en que se encuentran millones de personas, a quienes se les comprarán sus votos, puesto que el líder de Morena no se cansa de repetir que “amor con amor se paga”.

Esos programas para comprar votos no han servido para disminuir la pobreza, al tiempo que no han invertido en mejorar la calidad de la educación o los servicios médicos, sino que sólo se construye un sistema eficaz para manipular la necesidad y dependencia de esas “becas y pensiones”.

Siguiendo el argumento de que el Inai no garantiza la disminución de la corrupción y es oneroso, las fiscalías, ministerios públicos y policías investigadores (o militares, que son los que cumplen ahora dicha función) además de los jueces podrían tener el mismo destino de desaparecer, bajo la concepción de la 4T.

La niñez mexicana, los enfermos que se atienden en el sistema de salud pública y, en diferentes niveles, la sociedad en general pagaremos un alto costo por los “ahorros” de la 4T y el falso mensaje de combate a la corrupción.