¿Es la prioridad la reforma judicial?

Las personas padecemos a diario la inseguridad, la falta de agua o inundaciones, deficientes servicios médicos....

A pesar de los anuncios de supuestos avances en materia de seguridad, la sociedad vivimos a merced de la delincuencia, fundamentalmente por el alto índice de impunidad.

Se informa que, al parecer, han bajado los homicidios, secuestros u otros delitos, sin embargo, poco se informa que sólo se denuncia alrededor de 10% de los delitos, y de los delitos que se denuncian sólo en 69.3% se inició una carpeta de investigación, es decir, que en 92.4% no se investigó, conforme a datos del Inegi (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENVIPE/E...), y son muy pocos en los que se logra presentar formalmente la acusación penal, sólo 1.2% de los delitos tiene una represalia, y de ellos también son pocos los que finalmente se condenan. Los delincuentes saben que el riesgo de terminar en la cárcel es mínimo.

Supuestamente, se plantea por el actual gobierno que el problema de la inseguridad está en el último eslabón de la cadena, sin antes proporcionar un verdadero diagnóstico fidedigno de lo que se ha realizado para verdaderamente eficientar el servicio desde que los policías toman conocimiento de un hecho delictivo, pasando por lo que sucede en las agencias del ministerio público, e incluso en la actuación de las fiscalías durante el proceso penal.

No obstante lo anterior, el gobierno coloca como prioridad nacional que se elijan por voto popular a todos los jueces del Poder Judicial del país, eliminando incluso el requisito de la experiencia laboral para el cargo que se propone.

Con independencia de que pareciera una decisión tomada el que avance la reforma judicial, aparentemente ello es más importante que millones de personas carezcan de agua, ya sea para consumo doméstico o para las actividades agropecuarias.

Hace un par de años la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana se asomaron a una verdadera crisis de falta de agua. Por lo que se refiere a la zona metropolitana de la Ciudad de México, se reitera constantemente que en breve se presentará la mayor crisis de agua en su historia. Sin duda, esta información se publicita más porque se refiere a dos de las tres capitales más importantes del país, aunque poco se dice de la verdadera crisis que ya padecen millones de personas en muchas partes del país, donde no son noticia a nivel nacional, pero no por ello disminuye el dolor humano que padecen esas familias.

El país no está colocando como prioridad nacional apoyar las investigaciones científicas para atender esta crisis de escasez de agua.

Por otro lado, una vez más, la temporada de lluvias evidencia la falta de atención y prevención de los desastres naturales. Sin duda, tenemos uno de los mejores programas de atención de desastres por parte del Ejército mexicano con el despliegue del Plan DN-III-E, pero los planes y obras de prevención de desastres brillan por su ausencia generando miles de damnificados que pudieron haberse evitado.

Nadie en su sano juicio podría decir que se eligiera por voto popular a los ingenieros e investigadores de alto nivel para que realicen las obras e investigaciones que requiere el país.

Una vez más he de insistir que tan deficiente es la infraestructura médica del Estado, que se incrementaron los consultorios médicos afuera de las farmacias y cuando el zar de la muerte pretendió prohibir esos consultorios, le evidenciaron que, gracias a ellos, no se colapsaban los institutos de salud del país.

Personas que incluso pagan al IMSS o al ISSSTE prefieren acudir a los servicios privados de estas farmacias (que, obviamente, surtirán sus recetas en tales farmacias), a pesar de que no se trata de servicios médicos especializados y no tienen el seguimiento médico que se requiere en la mayoría de los casos.

Los institutos de alta especialidad de las instituciones públicas del Estado no se dan abasto con los requerimientos de la sociedad y tampoco se está proponiendo que se elijan por voto popular a los médicos que realizan los trasplantes u operaciones de alto riesgo, incluso eliminando el requisito de haber cursado las especialidades médicas que requieren la prestación de sus servicios.

La lista de prioridades nacionales podríamos continuarla, por ejemplo, con los multicitados servicios educativos del país, que ahora estarán a cargo del líder nacional del partido que ganó las elecciones.