El legado: destruir instituciones
En mayo de 2019, mediante la supuesta reforma educativa se destruyó el insipiente sistema recién creado, que estaba diseñando para tratar de mejorar la educación del país, con base en las capacidades de los aspirantes a las nuevas plazas o de su promoción.
A unos días de concluir el mandato del presidente López, destruye al Poder Judicial.
Aún antes de tomar posesión del cargo, destruyó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el cual daría un mejor servicio a millones de personas, generaría empleos, inversiones y colocaría a nuestro país en la vanguardia de la aviación civil internacional.
Sin embargo, sólo remodeló un viejo aeropuerto militar, el cual casi nadie usa por su pésima ubicación y muy difíciles y costosas vías de acceso, y casi nulas conexiones aéreas.
En mayo de 2019, mediante la supuesta reforma educativa se destruyó el insipiente sistema recién creado, que estaba diseñando para tratar de mejorar la educación del país, con base en las capacidades de los aspirantes a las nuevas plazas o de su promoción. También se destruyó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Además, se eliminaron las evaluaciones objetivas del desempeño académico del alumnado en nuestro país.
En su lugar, se pagó la deuda electoral con los líderes de los pseudoprofesores que recuperaron sus privilegios como dirigentes, disponiendo a su antojo de las plazas de los profesores.
Poco después se desapareció al Seguro Popular que le daba servicio de atención médica a alrededor de 30 millones de personas, y se intentó, fallidamente, crear un Instituto de Salud, que resultó un absoluto fracaso y terminó por destruirse también, dejando al país indefenso ante la peor pandemia de los últimos cien años, a grado tal que por el mal manejo de las políticas de salud se superaron con mucho los peores escenarios hechos por el gobierno federal, pues fallecieron más de 330 mil personas.1
Se atacó al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral con la finalidad de socavar la legitimidad que tenían, así como vulnerar la infraestructura que se construyó en décadas para generar un sistema electoral confiable. Todo ello con la finalidad de destruir a dichas instituciones y someterlas a su voluntad.
Se atacó al Instituto de Acceso a la Información y prácticamente se le destruyó, toda vez que no se hicieron los nombramientos de su órgano de decisión, para generar un gobierno federal opaco y oscuro en el manejo de la información pública gubernamental, y disponer a su antojo de los recursos públicos, ya sea de los programas sociales o de las licitaciones públicas y adjudicación de los contratos públicos.
Todo ello con la finalidad de comprar los votos de millones de personas que hicieron retroceder a nuestro país a la época de la servidumbre como modelo político-electoral de gobierno.
Finalmente, se está destruyendo al único poder que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, les había puesto límites al ejercicio del poder público, como en cualquier democracia moderna.
La inseguridad pública, la grave impunidad, el control del país por el crimen organizado, el gravísimo rezago educativo, las graves deficiencias en materia de salud pública, el bajo nivel de crecimiento económico, entre otras, son las prioridades nacionales.
No obstante ello, el presidente López ha decidido establecer una cruzada de venganza contra el único poder público que hizo su trabajo de limitar y controlar, dentro de los parámetros constitucionales, al gobierno federal.
Todos los crímenes contra el Estado democrático saldrán a la luz pública y, tarde que temprano, el país y la comunidad internacional emitirán el juicio sobre la violación de la independencia judicial, que es piedra angular de cualquier democracia moderna.
No sólo el presidente López dejará como legado la destrucción de las instituciones democráticas, sino que la inauguración del nuevo gobierno, que será encabezado por la primer mujer en la historia de este país, se inaugurará con la mayor destrucción de uno de los poderes del Estado democrático de derecho.