El lado correcto de la historia

Se cuestiona la legitimidad democrática de las elecciones y consultas ciudadanas, así como del ejercicio de gobierno mismo, que permitan expresar la voluntad del pueblo en las decisiones políticas y generar condiciones de desarrollo nacional.

La defensa gubernamental expone que se siguen los principios formales de la ley y que se tratan de asuntos que incumben sólo a los de casa, como si fuera el argumento de cualquier dictadura o incluso de violencia doméstica.

Sin embargo, cabe recordar que, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, los argumentos formales de la legalidad y que los asuntos internos eran una cuestión que no incumbía al resto del mundo, han sido insuficientes para justificar la violación a los derechos humanos o el ejercicio del poder en forma antidemocrática.

Cumplir con la ley es sólo la base del andamiaje democrático que, sin duda alguna, quienes ni siquiera ello cumplen, carecen de ese respaldo formal básico, incluso de los peores dictadores de la historia moderna.

Cualquiera que aspire a ser considerado un jefe de Estado electo en forma democrática debe provenir de elecciones convocadas por órganos independientes, imparciales, que respeten los principios de máxima publicidad, objetividad y que brinden, precisamente, certeza en el resultado.

En nuestro país, también tenemos el mismo debate sobre colocarnos en el lado correcto de la historia: si deseamos consolidar una democracia constitucional o desmantelar las instituciones que a lo largo de la historia se han construido para el desarrollo nacional.

Por ejemplo, una de esas autonomías por la que se luchó es la de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de todas las universidades públicas en el país. Cabe recordar que me refiero a esa misma autonomía que se olvidó incorporar en la iniciativa de reforma constitucional al actual gobierno.

Otra de las autonomías que representa el avance democrático de nuestro país es la del órgano responsable de organizar las elecciones y consultas populares. El ahora Instituto Nacional Electoral, cuyas resoluciones no sólo emanan de un órgano independiente del gobierno, sino que, además, deben cumplir con el principio de legalidad, objetividad, máxima publicidad y certeza; en caso contrario, serían impugnadas y modificadas por otro órgano autónomo, el Tribunal Federal Electoral. Todo ello, ausente en las consultas de la 4T y que ni sus seguidores pueden defender desde esta perspectiva.

Otra de las autonomías que se ha logrado consolidar es la del Inegi y el Banco de México, que proporciona información confiable a la sociedad mexicana y cualquier persona, incluyendo los órganos internacionales que supervisan los resultados de las políticas públicas, a partir de los compromisos internacionales en materia crediticia, así como también, el segundo establece la política monetaria nacional con la finalidad de controlar la inflación en nuestro país, lo cual evitaría que lleguemos a la crisis venezolana, en donde el FMI prevé una inflación de 10,000 000% para 2019.

Ante la falta de legitimidad del gobierno federal, fue necesario crear instituciones que brindaran certeza y credibilidad al Estado mexicano, por ejemplo, en materia de regulación energética, de telecomunicaciones, de competencia económica. Así como también en materia de evaluación de la educación, de defensa de los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas, del contribuyente, de los derechos de los consumidores, y muchos otros órganos que, sin alcanzar una autonomía constitucional, tienen un desarrollo institucional, organizacional y personal importante.

En lugar de destruir a todas estas instituciones, bajo argumentos sustentados únicamente en la autoridad moral producto de las elecciones, pero que no son resultado de análisis acorde al desarrollo de las ciencias en administración y humanidades, se debería procurar diagnosticar los verdaderos problemas institucionales que tienen tales órganos para lograr que cumplan la finalidad para la cual fueron creados.

Las decisiones de las políticas públicas no pueden estar sujetas sólo a la decisión de una sola persona, aunque pretenda aparentar un recubrimiento democrático.