El futuro en manos del PRI

Un país más corrupto y anclado en el pasado o un país próspero que tenga visión de futuro para nuestros hijos.

El dilema será resuelto por legisladores que deben decidir cómo serán juzgados por la historia. El dilema no está entre Cárdenas y Salinas de Gortari, sino entre mexicanos que asuman su verdadera responsabilidad de cara a la nación o quienes sólo saben obedecer órdenes.

En la actualidad, los países más desarrollados en el mundo no son los Estados que tienen sus propias empresas acaparando el mercado, sino que las naciones más prósperas son la que permiten que el sector privado genere empleos e impulse el crecimiento económico bajo el control y la supervisión del Estado.

Fracasaron los Estados propietarios de las empresas públicas que generaban mayoritariamente la energía eléctrica en sus países o propietarios de las concesiones de los aeropuertos, de la distribución de gas, entre otras actividades, puesto que se demostró la ineficacia del Estado para cumplir con tales funciones.

Por otro lado, el gobierno pretende hacerle creer a la gente que con la reforma eléctrica se recuperará la soberanía nacional en la materia. Sin embargo, el hecho de que en la actualidad el sector privado genere el mayor porcentaje de electricidad en el país no atenta contra la verdadera soberanía, que es el poder de nuestro Estado para tomar e imponer decisiones en forma autónoma e independiente en la materia.

Conforme al régimen constitucional y legal vigente, el Estado mexicano tiene facultades para imponer modalidades y controles a la generación de la electricidad, sobre todo con relación a privilegiar una generación limpia y acorde con los compromisos de protección al medio ambiente.

Es demagógico y una vil mentira que con la reforma propuesta por el gobierno se recupera la soberanía nacional, pues no se recupera lo que no está perdido.

Utilizar retóricamente el concepto de soberanía nacional sirve de adorno a los discursos en los mítines de campaña, pero el gobernante debe respaldar adecuadamente la política pública. Hoy en día, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede competir con la iniciativa privada en la generación de electricidad en forma sustentable y rentable a nivel nacional. Ningún organismo internacional con la debida credibilidad para la supervisión en esta materia podría avalar la iniciativa.

Mucho menos tiene la CFE los recursos suficientes para indemnizar a quienes se verán afectados con motivo de la reforma. El hecho de que se reforme la Constitución General de la República no implica que el Estado mexicano abdique de sus compromisos internacionales para indemnizar a las empresas que hicieron inversiones y adquirieron derechos conforme a un marco constitucional y legal vigente en su momento.

Los conflictos que se derivarán del incumplimiento de esas obligaciones se resolverán ante tribunales que no están sometidos a la soberanía nacional. Al respecto, es evidente el silencio de las autoridades nacionales en materia de comercio exterior y de relaciones internacionales.

El costo de esta contrarreforma se unirá al otro fracaso macroeconómico de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que fue más caro cancelar el proyecto. Una vez más, el gobierno entierra la credibilidad del país para atraer inversión privada y generar fuentes de empleo.

Otro de los argumentos que se exponen a favor de la reforma es que bajarán las tarifas de la electricidad, sin embargo, se ha dicho hasta el cansancio que los precios de los energéticos no depende de que el Estado tenga el monopolio de la generación de la energía eléctrica, al igual que con otros energéticos, en cuya generación o producción influyen múltiples factores internacionales que ahora ningún país puede controlar por completo.

Ahora que el Presidente de la República se comprometió a respaldar la política de Estados Unidos en materia de cambio climático, esperamos que haya escuchado que debemos promover la generación de energía eólica, respaldar la conversión de vehículos eléctricos, la construcción de paneles solares, entre muchas otras cuestiones que contradicen la política energética soberana de la 4T.