El cambio depende de nosotros

Cada uno de nosotros tenemos el derecho de votar por el gobierno que queremos y cambiar nuestro destino.

La democracia requiere de demócratas; ello implica que los ciudadanos participen de los asuntos de la vida pública de su comunidad, ayuntamiento, entidad federativa y del país.

En general, padecemos de inseguridad, administración y suministro ineficiente del agua, de servicios médicos públicos de bajo nivel o insuficientes, al igual que deficiente calidad de la educación pública, entre muchos otros temas.

En el contexto del proceso democrático electoral que vivimos, es momento de hacer un alto en el camino y conocer quiénes gobiernan nuestras comunidades y las soluciones que han aportado para la atención de cada uno de los problemas que estamos enfrentando cotidianamente.

En una democracia no es posible que los ciudadanos se mantengan al margen de los problemas públicos de sus propias comunidades, ni mucho menos que eviten formarse una opinión informada de la situación prevaleciente en los diferentes ámbitos; además, no debieran eludir su derecho y obligación de participar en el proceso democrático por excelencia: el proceso electoral.

Los ciudadanos debemos involucrarnos en los acontecimientos que están sucediendo y, a estas alturas de la alternancia, a nivel federal es inaceptable que no se asuman las responsabilidades de la ineficacia de quienes encabezan las instituciones.

Por ejemplo, en el linchamiento de unas personas en Taxco, Guerrero, una de las principales ciudades turísticas del país. Hace unas horas, el Presidente de la República informaba que las autoridades municipales en dicho municipio estaban infiltradas por el crimen organizado; sin embargo, hasta el momento no se ha informado de un solo detenido al respecto, es decir, no sólo se acusa sin pruebas, sino que, si se sabía de esa situación, ¿por qué no se actuó antes de que se linchara a unas personas? Con independencia de que los linchados probablemente participaran en un delito, ya que para ello están las autoridades, que debieran ser las competentes para investigar, perseguir y detener a los responsables.

Se acusa que en Guanajuato las autoridades electorales no les brindaron protección a Gisela Gaytán y a Adrián Guerrero, candidata a presidenta municipal y a regidor de Morena, respectivamente, cuando en una democracia constitucional no se debería requerir de protección especial para nadie, si en verdad las instituciones públicas hicieran su trabajo.

En este mismo contexto sobre la realidad que padecemos y la actuación de las autoridades, podemos observar que el Presidente de la República no ha hecho la misma recomendación de cambiar a los fiscales en las entidades federativas donde la inseguridad es evidente, como en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, entre otros, tal como lo hizo respecto del fiscal “autónomo” en Guanajuato, lo cual evidencia que no se actúa como jefe de Estado frente a una crisis, sino como jefe de campaña electoral nuevamente.

¿En Guerrero sí gobierna verdaderamente la gobernadora? ¿En dicha entidad no hay una relación de contubernio muy rara en la que hay un grupo que manda y que tiene más poder que la propia gobernadora? Porque demuestran lo contrario los lamentables sucesos en Taxco; las agresiones y extorsiones públicas en contra de los transportistas; la falta de prevención contra el huracán Otis y reacción inmediata ante tal fenómeno; así como en los innumerables acontecimientos impunes como extorsiones, robos y asesinatos en dicha entidad, a tal grado que ni el mismo Presidente de la República ha hecho un recorrido público por la entidad desde el huracán. Lo peor es que similares situaciones suceden en las entidades federativas referidas.

El proceso democrático electoral demanda que los ciudadanos ejerzan su derecho a informarse de los acontecimientos públicos y evalúen el desempeño de las autoridades para que ejerzan su derecho al voto de manera informada y madura, y de ser posible, participen impulsando el verdadero cambio en el país.