¿Dejaremos perder el país?

Se incrementaron la violencia e impunidad, la corrupción cambió de color, reprobamos en educación, salud y en disminución de la pobreza.

El año pasado se rebasaron los 35 mil homicidios dolosos en el país, de los cuales un número muy relevante son menores de edad y mujeres víctimas del feminicidio.

Se trata de uno de muchos indicadores de la violencia que se padece a lo largo y ancho del país, puesto que la impunidad se comprueba con las imágenes dantescas en las que se observan delincuentes ingresando con impunidad a los comercios en Tabasco o los homicidios en los palenques en Guerrero, incluso en muchas otras entidades en que la delincuencia extorsiona cotidianamente a los comerciantes.

En este mismo espacio hemos reconocido el esfuerzo que las Fuerzas Armadas realizan más allá del cumplimiento de su deber, puesto que la autoridad civil, en ese caso desde el Presidente de la República, ha abdicado a su responsabilidad de formar una institución civil debidamente capacitada y responsable que proporcione un servicio civil de policía como debiera realizarse, garantizando un trato respetuoso y eficaz a la sociedad.

El problema de la inseguridad evidencia que el cáncer de la impunidad y la corrupción sigue creciendo y, lo más grave, se puede extender hasta la estrategia de abrazos, no balazos.

Además del caso de corrupción en Segalmex, que se trata de una de las instituciones más importantes para disminuir la pobreza en el país, en la que se evidenció uno de los mayores fraudes del actual gobierno, el Presidente de la República y el gobierno de la 4T respondió no sólo asignando directamente los contratos de adquisiciones y obra pública, en lugar de licitaciones públicas, sino además, eliminando los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental para evitar que todos vigilemos el destino de los recursos públicos.

En lugar de cumplir la promesa de combatir y eliminar la corrupción, se escondieron y ocultaron los procesos de contratación de las principales obras del actual gobierno al calificarlas como de seguridad nacional, un concepto que además les ha permitido eludir una serie de requisitos que respetarían las normas de protección al medio ambiente, ejemplo de ello han sido las remodelaciones del aeropuerto militar Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas; en todas estas obras se carecía previamente de los permisos que debían otorgar las autoridades ambientales.

Hasta hace poco, muchos podrían seguir cuestionando si en nuestro país padecíamos los efectos directos del cambio climático; sin embargo, lamentablemente, después de lo que se padeció en Acapulco, deberíamos ser más conscientes en este tema también y reflexionar que en este sentido también estamos perdiendo a nuestro país.

Estamos reprobados en materia educativa por una organización internacional que evalúa, no sólo a los países miembros de la OCDE, sino incluso a países considerados oficialmente como comunistas. Nuestros jóvenes carecen de la formación educativa elemental para enfrentar los retos que ya en la actualidad tenemos.

Ante ello, vergonzosamente, el gobierno intenta deslegitimar la prueba PISA, que no puede controlar ni someter como lo ha hecho con todas aquellas instituciones que lo han contradicho, ya sea el Consejo Nacional para la Educación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), el CIDE, incluso la UNAM, todas estas instituciones conformadas por investigadores académicos, cuya fortaleza son sus argumentos, no la violencia con la que el gobierno las ha sometido eliminado o atacado.

Claro, no hay que olvidar que el gobierno también ha respondido regalando dinero, intentando justificar que se trata de disminuir la pobreza, lo cual tampoco ha conseguido, puesto que precisamente el actual gobierno creó “las becas” para regalar dinero, sin enseñarles a ganarlo, acostumbrarlos a recibirlo sólo a cambio de su voto, pues a decir del presidente de Morena: “amor, con amor se paga”.

La 4T perdió legitimidad ¿Dejaremos que también pierdan al país?