Costo de la impunidad-lealtad

El crimen organizado florece al amparo del poder. El crimen organizado chantajea al Estado para imponer sus condiciones. Se repiten en varias partes del país los escenarios que vimos ya dos veces en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la detención de una persona, acusada de la comisión de delitos graves.

El gobierno no discute los diagnósticos y propuestas de políticas públicas para mejorar la capacidad del Estado para investigar y perseguir los delitos, sino que, en su lugar, propone discutir la ocurrencia de elegir por sufragio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, no hay un solo país de ejemplo de esta propuesta, cuyas resoluciones sean orientadoras jurídicamente para nuestro país o que dicho ejemplo de ministros de la Suprema Corte electos por sufragio popular cuente con el mayor prestigio de tradición histórico-jurídica de sus sentencias.

Deberíamos discutir los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad que quiere abrir o mantener sus negocios; problemas debido al libertinaje de la delincuencia que, si tradicionalmente viola los límites fijados por la ley, ahora viola y amplía los límites establecidos con la tolerancia y complicidad de las autoridades responsables de combatirla.

En lugar de discutir este problema de chantajes y cobros de piso, estamos discutiendo si las y los ministros de la Suprema Corte ganan más que el Presidente de la República, a quien, además de su sueldo, se le paga el hospedaje, alimentos, predial, luz, y agua en Palacio Nacional, traslados dentro y fuera del país, gastos hospitalarios y medicamentos que se le proporcionan.

No estamos discutiendo las deficiencias en el combate a la delincuencia organizada en ninguno de los estados, a pesar de los altos índices de violencia. Sin embargo todos los días se pretende distraer este tema con las propuestas de destapar corcholatas propias y ajenas.

Si bien hace algunos sexenios se acusaba al Presidente sobre su injerencia en los procesos electorales, ahora el actual “jefe de Estado” todos los días reduce su papel a coordinador de una sola facción del país.

La sociedad padece, en tanto el crimen organizado actúa impunemente amparado en la lealtad al régimen. ¿Cuáles serán los indicadores que llamarán la atención del actual gobierno? No es el número de homicidios, ni tampoco el de periodistas asesinados, ni el de mujeres victimizadas, mucho menos el de policías asesinados.

Es tal el número de homicidios dolosos en el presente sexenio que el mismo Presidente de la República ha tenido que admitirlo, sin la tradicional excusa de tener otros datos. También la violencia es de tal magnitud que incluso el exsecretario de gobernación canceló eventos políticos en el estado de Guerrero esta misma semana.

Discutamos la exposición del Ejército en tareas que no le corresponden, más allá de justificarlo simplemente con el prestigio y honorabilidad de dicha institución. Sin duda alguna que en este mismo espacio hemos reconocido la valentía y el cumplimiento más allá del deber de las fuerzas armadas.

Pero también hemos expuesto y ratificamos que esta misma sobre-exposición, en actividades que no son propias de la naturaleza del Ejército, terminará por erosionar el último reducto de prestigio institucional que teníamos.

La mejor forma que las sociedades modernas hemos encontrado para enfrentar los problemas públicos son los principios de un Estado democrático de derecho (legalidad, respeto a derechos fundamentales, división de poderes, transparencia, entre otros) y, lamentablemente, el modelo actual no camina en dicha dirección.

• Cuando el juez Falcone –símbolo de la lucha del Estado contra el crimen organizado– visitó nuestro país, expuso que había descubierto precisamente que la mafia en su país se había fortalecido al amparo y ante la omisión del Estado para combatirla. Lamentablemente el insigne juez pagó con su vida las omisiones del Estado para cumplir su función esencial.