Consulta sobre la consulta

Consultemos a la población si está de acuerdo en que se gaste 8 mil millones de pesos para consultarle si está de acuerdo en que la Fiscalía General de la nación, las fiscalías estatales y los congresos de todo el país hagan su trabajo.

Es decir, consultemos a la población si en lugar de destinar 8 mil millones de pesos para comprar medicinas, equipo médico y pagar servicios médicos, está de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

No sólo era inconstitucional someter la aplicación de la ley a consulta popular, sino que ahora, además, es, por decir lo menos absurda. Lo que comenzó como una distracción de la peor crisis económica,  sanitaria y de seguridad que ha tenido el país en las últimas décadas, ahora no sólo es absurda, sino que se profundiza la crisis de credibilidad institucional con la pérdida de la institución que garantiza la existencia jurídica del Estado constitucional de derecho.

En los Estados constitucionales modernos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la misión de tutelar los derechos de todos, sean de la mayoría o de la minoría, pero sobre todo, frente al poder público del Estado.

Lamentablemente, seis ministros del más alto tribunal de nuestro país decidieron darle al Poder Ejecutivo Federal lo que consideraron una respuesta políticamente correcta, a pesar de que dejaran en el camino la dignidad del cargo para el cual fueron nombrados.

Se ha criticado que en el pasado estaba sometido el Poder Judicial, ya sea a los designios del Presidente en turno o de la corrupción, pero precisamente la supuesta Cuarta Transformación nos ha insistido una y otra vez que son diferentes al pasado; lamentablemente nos demostraron que son lo mismo o la peor versión del pasado que pretenden condenar.

Con los argumentos expuestos en la sesión, la votación emitida, y la reformulación de la pregunta de la consulta popular, los ministros, que, supuestamente ganaron, perdieron la poca legitimidad que se había tratado de conseguir en las últimas décadas y terminaron con uno de los peores absurdos de la historia en nuestro país.

Largo será el camino para recuperar la confianza del segmento de la población que analiza, cuestiona y debate con argumentos lógico-jurídicos; puesto que la amplia mayoría de la población que no lee, no cuestiona ni debate con seriedad seguirá cumpliendo los dictados y la voluntad de quien les ordenó insultarlos y denostarlos ese mismo día afuera de la Suprema Corte.

El fiscal general tiene la obligación constitucional de realizar las investigaciones de hechos delictivos, no necesita del resultado de una consulta popular para realizarla, ni mucho menos el resultado adverso de la consulta le impediría cumplir con tal obligación.

En términos similares podría proceder el Congreso de la Unión estableciendo las comisiones de la verdad que quiera hacer para “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia de las posibles víctimas”. Para cumplir tal objetivo le podrían servir los 30 millones de votos que obtuvo el partido que ganó la Presidencia de la República.

Era innecesario que evidenciara al mundo que en nuestro país, en algunos temas siguen siendo una República bananera, gobernada por una persona que no le importó ganar una votación más, aunque evidenciara que para ello se valió de las peores cualidades del poder del Estado.

La supuesta Cuarta Transformación continuará destruyendo el resto de las instituciones. Le siguen el Instituto Nacional Electoral, al cual han descalificado siempre; el Tribunal Federal Electoral, el cual va por el mismo camino de la Corte de la nación, pues ha pospuesto la sesión en que se discutiría la resolución sobre la consulta para elegir a la dirigencia del partido del Presidente de la República. Podría resolverse también consultando al pueblo sobre la consulta de Morena.

Todas las instituciones del Estado al servicio de los dictados de Palacio, sin que ello implique un beneficio concreto y tangible para la sociedad, sólo distraer de los errores de la crisis.