Austeridad republicana

En los últimos meses, AMLO y Claudia Sheinbaum reiteraron que el Presidente de la República, así como el jefe de Gobierno, reducirían su sueldo y que, al igual que ellos, el resto de los servidores públicos deberían ajustar sus ingresos.

Sin duda alguna que las condiciones de pobreza de amplios segmentos de la población del país cuestionan las condiciones de opulencia, derroche y corrupción de muchos servidores públicos de alto nivel.

La retórica política, que es el uso del lenguaje para conmover y convencer, aun cuando sus argumentos sean equivocados o partan de premisas incorrectas, sirve en la contienda política para ganar elecciones o popularidad, sin embargo, la historia nos ha mostrado que ello no conducirá al éxito de las políticas públicas ni, mucho menos, a garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Para los millones de electores que votaron por el candidato ganador les pareció justo que se propusiera reducir los sueldos y prestaciones de los altos servidores públicos, eliminar los seguros médicos privados con cargo al erario, reducir el precio de los energéticos, como la gasolina, el diesel, el gas natural; así como crear las refinerías, mover las dependencias al interior de la República, entre otras propuestas. Tal discurso, al igual que la serie de escándalos de corrupción a lo largo y ancho del país, además del manejo mediático de ciertos casos judiciales abordados en forma injusta y malintencionadamente, llevó al resultado electoral que ahora viviremos.

Sin embargo, cuando comiencen a aplicar las políticas públicas anunciadas en campaña, se harán realidad las injusticias, incongruencias que se criticó y no se quiso escuchar en su momento.

Por un lado, no todos los servidores públicos ganan los sueldos escandalosos e insultantes ante la realidad de pobreza que existe en el país, por tanto, sería injusto que a todos los servidores públicos se les aplicaran las mismas medidas que se dirigen a los que en verdad justifican la austeridad. Por ejemplo, existen servidores públicos, como jefes de departamento o subdirectores, que realizan jornadas de trabajo incluso mayores a las que están obligados, realizan funciones muy necesarias para la población a la que prestan sus servicios, resuelven con creatividad las carencias de las instituciones, entre muchas otras razones que justificarían plenamente sus sueldos y prestaciones.

Sin embargo, siguiendo con el mismo ejemplo, todos esos jefes de departamento y subdirectores que sí prestan un servicio público profesional (yo tuve la oportunidad de conocer abogadas que se entregaban en la defensa de migrantes para otorgarles la calidad de refugiados o para proteger a los mismos en las estaciones migratorias en nuestro país), supuestamente les será cancelada la prestación del seguro de gastos médicos mayores.

Al respecto, no se ha informado cuál será el impacto que generará en las instituciones de salud pública el incremento de las personas que deberán ser atendidas una vez que se cancele la prestación a la que me he referido, así como la afectación por la saturación del servicio público de quienes deban acudir a gestionar las citas y atenciones de los servicios públicos de salud pública mencionados.

Adicionalmente, más allá de la filosofía de la austeridad y de la igualdad, existe una inversión que ha hecho el Estado en muchos servidores públicos que han elevado sus capacidades profesionales y que, por un lado, sería un error que, debido a la disminución de sus sueldos y prestaciones, tales servidores públicos dejaran de prestar sus servicios profesionales al Estado, después de la inversión en su profesionalización y capacitación. Por otro lado, sería injusto que, después del esfuerzo que hayan hecho estos servidores públicos por profesionalizarse y capacitarse, se les pretendiera obligar a que laboraran mayores jornadas de trabajo y las mismas responsabilidades o mayores con sueldos y prestaciones menores.

Existen casos muy simbólicos que sirven para ejemplificar lo expuesto, tales como los médicos cirujanos o internistas que mensualmente atienden a decenas o cientos de personas y de cuyo desempeño eficaz y profesional dependen la salud e integridad de aquéllas; así como ingenieros petroleros profesionales que están a cargo de los pozos y plataformas petroleras de nuestro país, de cuyo eficaz desempeño dependen miles de millones de dólares. En estos ejemplos también podríamos incluir a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, de cuya labor depende la recaudación los ingresos para el presupuesto que hace posible el funcionamiento del Estado; igual sucede con quienes supervisan y controlan el sistema financiero mexicano o el sistema aeronáutico nacional, y así podríamos continuar la larga lista de quienes tienen una formación profesional y cuyos servicios son muy importantes para el desarrollo nacional y sería un gran error afectar.

Abogado postulante

Twitter: @salinastorre