Ataques y amenazas al Poder Judicial

Recientemente, la Jefa de Gobierno de la CDMX — al igual que lo ha hecho el Ejecutivo Federal y sus seguidores— hace declaraciones públicas atacando ciertas decisiones judiciales y haciendo generalizaciones sin fundamento, pero, sobre todo, erosionando la credibilidad de una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano.

Las generalizaciones por inexactas son injustas. No sólo se falta a la verdad cuando, a partir de un caso aislado, se hacen descalificaciones de la labor de muchos servidores públicos que cumplen su misión con gran esfuerzo, incluso, en ocasiones exponiendo sus vidas e integridad física.

Lamentablemente, ni siquiera el caso que utilizan para denostar y calumniar en forma generalizada, se analiza de manera verídica, con todos los detalles y, mucho menos, conforme a los criterios que deben emplearse para valorar la función de una institución como son los jueces.

Los jueces no pueden orientar sus decisiones con la finalidad de agradar a la mayoría de la población, obtener popularidad, mucho menos hacer su función para beneplácito de una de las partes, como son los acusadores, ya sea los fiscales, ministerios públicos, policías o sus jefes, incluyendo a la Jefa de Gobierno de la CDMX, ni de los gobernadores de los estados ni siquiera al Presidente de la República.

Lamentablemente, estas autoridades utilizan los medios de comunicación para cuestionar las decisiones judiciales, incluso, para decirles cómo deberían hacer su trabajo. Recientemente, la Jefa de Gobierno de la CDMX decía que los jueces deberían de tomar en consideración todas las circunstancias que rodean una captura, no sólo un detalle, al referirse a la reciente liberación de una persona acusada (de manera mediática) como uno de los principales jefes de las organizaciones criminales en esta ciudad.

Desde este mismo espacio hemos condenado cualquier manifestación de violencia ilegal e ilegítima en contra de cualquier persona o institución, en todas sus expresiones, ya sea en las colonias, en las escuelas, en el trabajo, pero sin duda alguna, de las grandes organizaciones criminales.

También hemos llamado a buscar formas en que la sociedad participe desde el hogar, su trabajo y todos los ámbitos sociales a generar mejores valores y conductas de respeto. Pero también condenamos la violencia ilegal e ilegítima que desde el Estado se realiza, porque no se puede justificar, desde una perspectiva de la consolidación de un Estado democrático de derecho, la violación de la Constitución por las autoridades.

Señora Jefa de Gobierno y señor Presidente de la República, la libertad de cualquier persona está garantizada, frente al Estado, por la Constitución de la República, en la que se establecen las circunstancias y requisitos para, en su caso, detener de manera legal a una persona. Lean esos requisitos y condiciones establecidos en el artículo 16 constitucional. Se trata de una norma que protege la libertad de cualquier persona y que los jueces, conforme al derecho internacional que rige los derechos humanos, deben interpretar de manera restrictiva en favor de las personas, no al revés, puesto que violentaría los principios que no sólo ha impulsado la derecha, que tanto critican, sino incluso los verdadero movimientos legítimos de la izquierda en México y en el mundo, tratando de limitar el poder punitivo del Estado y garantizando la libertad de las personas.

Cada vez que se intenta justificar las reformas que limitan y afectan los derechos humanos, se exponen los casos límites en el mundo y en nuestro país, (ya sea el terrorismo, el crimen organizado) como si fueran la regla general, y sin siquiera probarlo, sólo presumirlo, y lo peor, es que, a pesar de que una vez que se aprueban tales normas de excepción, se aplican de manera generalizada a toda la población.

Se pretende justificar la aprobación de esas normas de excepción bajo el argumento de la crisis de inseguridad que se padece, sin que hasta ahora se haya logrado mejorar la percepción de seguridad de la sociedad, a pesar de todas las reformas que se han hecho a la Constitución y a la Ley contra la delincuencia organizada, de Extinción de Dominio, y recientemente contra el lavado de dinero (que establecen algunas de las normas más cuestionadas, incluso por la izquierda, en materia de vulneración de derechos humanos).

La rifa del tigre que se ganaron, también incluye a las policías, fiscalías que mienten y falsean los hechos, incluye enfrentar la delincuencia mediante la ley, no mediante la mentira y violando derechos que son fruto de la lucha, de la derecha, e incluso de la verdadera izquierda mexicana.