Ataque al INE y a todos

La crisis económica, de inseguridad, de salud y educativa tiene su origen en el derecho a elegir y cambiar a los gobernantes.

Mediante elecciones democráticas se realiza la mejor evaluación democrática de la sociedad respecto de los fracasos gubernamentales, como será la cancelación del aeropuerto, la deforestación de bosques por un tren inviable económicamente, la construcción de una refinería y la compra de otra, en un mundo que avanza en energías limpias, entre mucho más.

Sin embargo, este modelo democrático se altera cuando se establece un régimen basado en la compra de votos y voluntades, a través de los programas sociales, adjudicaciones directas de contratos públicos, y se complementa con los ataques a través de las fiscalías (que de autónomas sólo tienen el nombre) o de los diferentes órganos institucionales de control, ya sean las policías, en todas sus variantes.

El actual partido en el gobierno tiene tanto miedo a someterse a las reglas de una verdadera democracia, que ahora pretende cambiar las reglas, pasando por encima de la ley más importante del país: la Constitución Política.

Tomando en consideración el informe que fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva del INE y presentado al Consejo General del mismo1, con la aprobación del plan B, se suprime la Junta General Ejecutiva del INE, para ser sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales, lo cual es contrario a la Constitución, que distingue entre órganos de dirección —de los cuales, el de mayor responsabilidad es el Consejo General donde se integran los consejeros electorales— y órganos ejecutivos.

Siguiendo al mismo informe citado, la desaparición de las Juntas Ejecutivas Distritales y la afectación a la estructura de las Juntas Ejecutivas Locales implicará una reducción del servicio profesional electoral equivalente al 84.6 por ciento.

Ello representa una franca afectación de los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por concurso público, que es evaluado, formado y capacitado de forma permanente, a partir de lo cual desempeña su empleo en apego a los principios de independencia y autonomía. Así, la reforma compromete labores sustantivas del INE para organizar elecciones auténticas.

Adicionalmente, la sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección, como el concurso público para el ingreso al SPEN, no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional. Es evidente que este tipo de contrataciones someten al personal a la discrecionalidad absoluta del contratante, en uno de los aspectos más importantes de un Estado democrático, que es la organización de las elecciones.

La ley propuesta contempla que el registro en el padrón de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero deberá ser validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa sería una interferencia del gobierno en el listado nominal afectando la autonomía del INE y el principio de independencia, objetividad e imparcialidad.

Otra de las afectaciones más importantes a las funciones del INE es la fiscalización. La propuesta de reforma establece que, en ningún caso, se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía derivado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales, lo cual modifica el artículo 229, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y elimina la sanción relativa a la pérdida del registro de precandidatura o candidatura, en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos, o se rebase el tope de éstos.

Así, los partidos podrían establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación. Y sólo se deja la sanción económica establecida en la normatividad vigente, que consiste en un límite de 5 mil Unidades de Medida y Actualización, máxima sanción permitida, siempre y cuando la capacidad económica lo permita.

1. Resumen-ejecutivo-implicaciones-reforma-electoral-1.pdf (ine.mx)