Ataque al INE (I)

Ante la defensa ciudadana del INE, el Presidente y su partido respondieron con el llamado plan B, una reforma inconstitucional.

Uno de los argumentos con los que se ha querido defender el plan B del Presidente es el supuesto ahorro de recursos económicos, cuando hace un año se pagó una refinería en Estados Unidos por alrededor de 600 millones de dólares (El pueblo de México ya es dueño de la refinería Deer Park, anuncia presidente López Obrador | Presidencia de la República | Gobierno | gob.mx [www.gob.mx]) y hasta enero de 2021 se había gastado cerca de 60 mil millones de pesos en las seis refinerías de nuestro país, no obstante que hace unos días se informa que el futuro es de las energías limpias. Es decir, por un lado, se despilfarra el dinero y, por otro, se intenta justificar el ataque al INE con un falso discurso de ahorro.

El plan B del Presidente es una reforma electoral muy compleja que afecta una de las instituciones más importantes de la democracia de nuestro país. Trataremos de abordarla en varias colaboraciones con la finalidad de conocer los aspectos más sobresalientes para tratar de cobrar consciencia de la trascendencia de la reforma y volver a defender el INE.

Al respecto, es ilustrativo el informe que fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva del INE y presentado al Consejo General del mismo (Resumen-ejecutivo-implicaciones-reforma-electoral-1.pdf [ine.mx]) y que sirve para analizar este plan B del Presidente.

De acuerdo con este informe, el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) contempla la reestructura organizacional del INE en sus órganos desconcentrados; elimina las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED), que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo en todo el territorio nacional para la preparación, organización y celebración de elecciones.

Las Juntas Ejecutivas Distritales están integradas por cinco vocalías: a) Ejecutiva, b) Secretarial, c) de Capacitación Electoral y Educación Cívica, d) de Organización Electoral y, e) del Registro Federal de Electores. En lugar de esos 300 cuerpos ejecutivos colegiados se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa) que tendría, bajo su responsabilidad, las tareas legales que hoy corresponden, como marca la Constitución, a órganos ejecutivos no unipersonales.

Asimismo, se contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales que, de cinco vocalías —similares a las Juntas Ejecutivas Distritales que por sus funciones son semejantes para cumplir con las atribuciones del INE— pasan a tres vocalías, al eliminar la Vocalía Secretarial y fusionar la de Organización Electoral con la de Capacitación y Educación Cívica, recortando 262 plazas, 96 de las cuales son del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Continúa señalando el informe del INE que, a nivel distrital se lesionan las tareas de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, la depuración del mismo, así como la supervisión y seguimiento de las actividades que realizan los Módulos de Atención Ciudadana —que es donde la ciudadanía tramita su credencial para votar—.

La desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales implica dañar las tareas de educación cívica permanente pero, sobre todo, no contar con el personal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos en cada elección federal para integrar las Mesas Directivas de Casilla. En cada distrito, en promedio, se instalan 550 casillas cada que hay elecciones y se visita en sus domicilios a 40 mil ciudadanas y ciudadanos para que funjan como funcionarios de casilla.

La reforma plantea otras cuestiones muy relevantes, como la afectación a la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, así como revisión del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, entre otros aspectos que serán abordados con mayor detalle en la siguiente colaboración.