Ataque a una jueza o a la SCJN, ataque a todos
Si bien la policía y, en su caso, los fiscales ejercen la fuerza pública para garantizar la seguridad y el orden público, sus atribuciones deben realizarse conforme a la ley y garantizando los derechos humanos; por su parte, los jueces tienen la función de controlar constitucional y legalmente a aquellos
Es evidente la miseria intelectual de los gobernantes que atacan a los garantes de todos.
Una vez más se pretende desviar la atención de temas como la violación de los derechos humanos de la jueza Angélica “N” mediante un oficio inconstitucional de la Secretaría de Gobernación, que pretende justificar su ataque al máximo órgano jurisdiccional del país, mediante una atribución que se dirige a autoridades administrativas sujetas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Las personas que desempeñan la función jurisdiccional, como la jueza Angélica “N” tienen la misión constitucional, antes que nada, de proteger los derechos humanos de todos. En el caso de la materia penal, dicha protección se realiza frente a la acción punitiva del Estado y, en muchas ocasiones, también frente a organizaciones criminales muy violentas.
Si bien la policía y, en su caso, los fiscales ejercen la fuerza pública para garantizar la seguridad y el orden público, sus atribuciones deben realizarse conforme a la ley y garantizando los derechos humanos; por su parte, los jueces tienen la función de controlar constitucional y legalmente a aquellos.
La Convención Americana de Derechos Humanos establece como una garantía judicial la independencia de los jueces y, por tanto, forma parte de los derechos humanos de las personas.
Se evidencia la miseria intelectual de quienes cuestionan que observadores internaciones soliciten presenciar una diligencia judicial en la cual se juzga a otra juzgadora, con la única finalidad de observar si se respetan los derechos humanos.
Dicha convención también establece que, “con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
El proceso judicial en contra de la jueza Angélica “N”, en lugar de intentar ocultarlo, debiera ser motivo de la mayor publicidad y escrutinio público, para evidenciar que la autoridad está procediendo de manera correcta y sin violentar ninguno de los derechos de la jueza.
La diferencia entre el Estado y los delincuentes que pretenden, bajo cualquier pretexto, justificar sus acciones, es que el Estado debe realizar sus funciones dentro del marco constitucional, legal y con la finalidad de garantizar los derechos de todos y cada uno de sus integrantes.
Salvo que la jueza, que está siendo procesada, se oponga a la publicidad de su juicio; no hay justificación para la clandestinidad y privacidad del proceso, ni mucho menos que el titular del Ejecutivo local se inmiscuya de manera, por decir lo menos, infundada e ilegítima en el juicio.
Si bien dicha protección a jueces no implica que ejerza la función jurisdiccional de manera arbitraria, tampoco se debe permitir que se les humille y exhiba como se hace con la jueza Angélica “N”. Además, el compromiso de cualquiera que se considere demócrata, impone que se exija una investigación verdaderamente sólida y contundente, puesto que, se reitera, las acusaciones que carecen de tales elementos sólo socavan la integridad y prestigio de quienes ejercen una función jurisdiccional en protección de todos.
Ninguna autoridad administrativa tiene autoridad sobre de un órgano constitucional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que la primera ejerce atribuciones conforme a las normas de menor jerarquía que la ley fundamental que otorga facultades a la SCJN. Por lo tanto, es evidente que este nuevo ataque sólo pretende distraer de los temas que son verdaderamente responsabilidad del Presidente de la República y sus colaboradores.
Si el poder político abusa de una juzgadora o intenta hacerlo con la SCJN, ¿qué hará en contra de los ciudadanos que carecen de una investidura jurisdiccional?
Sigue desviando la atención del país respecto de problemas como la falta de agua, aumento de los precios de la canasta básica, cortes de electricidad, entre muchos otros.
