¿Amnistía… a secuestradores también?

Existe un descontento generalizado de la sociedad por las condiciones en que se encuentra el país y la cantidad de agravios es de tal magnitud que pareciera no importar lo que se proponga, con tal de que haya la esperanza de un cambio, como la propuesta de la amnistía. Ello también implica un riesgo para los derechos de todos.

Es momento de dejar constancia de lo que debemos esperar por parte de los candidatos en el contexto de la consolidación de un Estado democrático de derecho. Cabe recordar que este modelo de Estado limita conforme a la ley el ejercicio del poder público para la satisfacción de las necesidades de la sociedad respetando los derechos de todos.

Cualquiera de las propuestas de campaña de los candidatos a puestos de elección popular que sometan al escrutinio social deben cumplir con el objetivo de formar un Estado de derecho, que garantice la integridad de todos, puesto que, de lo contrario, sólo implicaría retroceder a etapas históricas que la sociedad ya habría transitado.

Es lamentable que, a pesar del supuesto avance de la sociedad moderna en muchos ámbitos del conocimiento humano, aún no podamos decir lo mismo en la obligación del Estado para garantizar la vida, la integridad física y los derechos de todos, en un contexto democrático.

Los candidatos hacen una serie de propuestas en materia de inseguridad pública, tal como la amnistía a que nos hemos referido, sin tomar en consideración, por ejemplo, la trascendental reforma que en los últimos tres sexenios se promovió, discutió y aprobó al sistema de justicia penal, en el que se realizó uno de los cambios más importantes en el diseño normativo de los últimos 100 años en nuestro país.

Teníamos un sistema que permitía que las autoridades administrativas, como el Ministerio Público y la policía, constituyeran las pruebas para acusar como delincuente a un individuo que hubiere robado, extorsionado, secuestrado o realizado cualquier forma de agresión a otro. Además, padecíamos una amplia gama de normas que regulaban el juicio penal que violaban los principios del debido proceso y, sin embargo, a pesar de esa amplitud de facultades y violaciones normativas no se garantizaba la seguridad de la sociedad, sino que el propio sistema jurídico victimizaba a la población, ya que se le podía acusar penalmente a cualquiera fabricando ilegalmente las pruebas.

Ante las multitudinarias protestas sociales en contra de la inseguridad, se reformó la Constitución Política y se emitieron nuevas leyes para diseñar y regular el nuevo sistema jurídico penal, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado preparar, capacitar y profesionalizar adecuadamente a quienes deben poner a funcionar este nuevo sistema.

Nos encontramos con la paradoja de que cientos o miles de servidores públicos, incluyendo en ellos policías, ministerios públicos, jueces, además de abogados particulares que fueron formados profesionalmente en el viejo sistema, deben poner en práctica un nuevo sistema totalmente diferente, sin que hubieran recibido la preparación adecuada para ello. Adicionalmente, la sociedad en general tampoco ha sido preparada para dimensionar y participar en la implementación de este nuevo sistema.

Se necesitan compromisos claros y precisos que garanticen la efectividad de este nuevo sistema, con la finalidad de que se proteja a la sociedad y contribuyan a un sistema que defienda la seguridad de todas las personas, tanto a quienes son sujetos a un proceso penal como a la sociedad en general, que es constantemente agredida por quienes aprovechan las vulnerabilidades del Estado, así como la coyuntura de campañas en que nos encontramos.

En lugar de promover una amnistía, necesitamos acciones concretas para gozar de una policía que efectivamente cumpla con su función en favor de la sociedad, así como de fiscales que defiendan ante los jueces los intereses de la sociedad victimizada y un sistema judicial que imparta justicia tanto para procesados como para las víctimas de los delitos.

La sociedad, en particular los segmentos más vulnerables, es la que está sufriendo las consecuencias de gobernantes electos por ellos mismos que no están a la altura de los retos nacionales.

Abogado postulante

Twitter: @asalinastorre