Amenaza cumplida

Primero fueron los periodistas, a los cuales acusó y cuestionó su honestidad, ahora toca el turno a los ciudadanos que defienden sus derechos constitucionales, ¿quién seguirá después?

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados ha expuesto un posicionamiento sobre las advertencias del Ejecutivo federal en relación con los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, y señala: “El 14 de junio, el Presidente de la República, en conferencia de prensa, amenazó que si sus ‘adversarios’ logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, él los exhibirá para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”.

De acuerdo con información publicada en Excélsior, el Presidente dijo: “Además, si eso lo logran, yo tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables; o sea, no iban a quedar en el anonimato: a ver, este señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó, y nosotros consideramos que es injusto”.

Por un lado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados expone adecuadamente en el posicionamiento que “La Constitución federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a la justicia y, consecuentemente, a interponer acciones legales, tales como juicios de amparo, entre otros, cuando consideren que sus derechos sean vulnerados, correspondiendo al Poder Judicial resolver sobre las pretensiones de los demandantes, cuya actividad jurisdiccional, en virtud de la división de poderes consagrada en nuestra Constitución, debe ser respetada y sin injerencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Dicha organización expresa, en forma respetuosa, que considera inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales mediante acciones mediáticas que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de datos personales de los denunciantes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el Estado de derecho.

En esta controversia, el Presidente no comprueba que, al momento en que resolvió el juez detener la obra, el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía haya cumplido con la ley, con los permisos de impacto ambiental, como de aeronáutica correspondientes, así como los demás requisitos legales; en lugar de ello, descalifica a las personas, tanto a quienes, en ejercicio de sus derechos constitucionales, presentaron las demandas, así como también, incluso, a los juzgadores que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, ejercen su función jurisdiccional de resolver.

¿Qué es lo que pretende mediante el uso de la amenaza y el chantaje? Antes fueron periodistas y comunicadores que fueron amenazados y exhibidos ante la opinión pública, cuestionando su honradez, su imparcialidad y prestigio ganado con el libre ejercicio de la profesión. Derivado de lo cual no se presentó denuncia alguna por delito (violación legal penal) alguno que se hubiere cometido, ni siquiera se denunció alguna irregularidad administrativa. Y, sin embargo, el escarmiento y el chantaje fueron cumplidos desde lo más alto de la jerarquía administrativa de nuestro país.

Ahora se pretende hacer lo mismo en contra de quienes defienden los derechos de las personas y nuevamente de los juzgadores. Sin que se denuncie públicamente ante las instancias públicas correspondientes delitos o irregularidad administrativa alguna.

Vivimos en una democracia constitucional producto de una larga lucha en la que miles de personas ofrecieron incluso sus vidas para construir un sistema legal que permitiera establecer límites al ejercicio del poder.

Muchos de quienes ahora están en el ejercicio de gobierno en el pasado defendieron esos derechos que ahora se consideran un obstáculo para el logro de sus objetivos, olvidando incluso que esas conquistas jurídicas se alcanzaron gracias a su participación crítica y de quienes nos precedieron en la lucha por un México democrático, justo, pero de instituciones legalmente constituidas.

Sólo la consolidación de un Estado democrático de derecho permitirá avanzar en el desarrollo nacional, basados en el respeto a los derechos humanos, que no sólo deben ser vistos como un obstáculo para detener criminales, sino como el mecanismo más acabado para legitimar el ejercicio del poder público en la modernidad.