¿Ahora vs. la autonomía del INE?

Después de terminar con la CNDH, la CRE, el INEE, atacar la autonomía del PJF, ahora sigue el órgano responsable de organizar las elecciones.

Para la elección de quien presidiría el órgano constitucional autónomo de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, hace unos días pudimos observar un video oficial en el que votaron 116 senadores de la República, porque se podían contar uno a uno los representantes populares que depositaron su voto en la urna, salvo los casos evidentemente expuestos de quienes físicamente no pueden acercarse a la urna a depositarlo.

No obstante lo anterior, al final del “conteo” se informó que sólo se habían emitido 114 votos. Este resultado permitió, en forma inconstitucional e ilegítima, disminuir (a 76) el número de votos necesarios para alcanzar las dos terceras partes exigidas por el artículo 102, apartado B, de la Constitución.

Lamentablemente, no sólo fue electa violando la Ley Fundamental de nuestro país, sino que además se violentó la Ley de la CNDH, toda vez que el artículo 9 establece que “El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos: fracción IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación.

En el año anterior a su designación se desempeñaba como consejera de Morena y en su defensa ha dicho que no era un puesto de dirección; sin embargo, conforme a la Ley General de Partidos Políticos, los Estatutos de dicho partido establecen, los órganos internos de decisión del partido, pero no nos ha dicho en forma precisa y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, qué atribuciones tiene dicho Consejo al que pertenecía y que no tuviera funciones de dirección.

Cabe mencionar que hubo organizaciones de la sociedad civil que le hicieron un llamado para no tomar posesión del cargo hasta que se disiparan las dudas y cuestionamientos, incluso, varios de los mismos senadores del grupo parlamentario mayoritario emitieron posicionamientos mesurados y con sensibilidad, planteando su disposición a repetir la votación. No obstante ello, finalmente, todo terminó en una sesión violenta porque no se disiparon las dudas, sino que se incrementaron y se impuso de manera tal que la designación surgió como un nombramiento ilegítimo y cuya legalidad será cuestionada.

A todo esto no podremos olvidar que, días previos a su designación, el propio Ejecutivo Federal describió el perfil de quien consideraba la persona más idónea para el cargo, el cual sólo se ajustaba a una de las integrantes de la terna propuesta al Pleno del Senado.

Se trata de un problema de legitimidad democrática, además de carácter constitucional y legal, porque el artículo 102 de la Constitución Política de nuestro país establece que:

la “…Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”. Al respecto, cabe preguntarse, ¿qué autonomía tendrá quien fue designada debido a que el líder más importante de los senadores de Morena, es decir, el titular del Ejecutivo federal, describiera su perfil, es decir, definiendo el sentido de la votación de la mayoría?

Se violó la responsabilidad democrática de promover como titular del órgano responsable de la defensa los derechos humanos a una persona incuestionable y cuya designación hubiera generado más consensos que disensos.

No emito cuestionamiento alguno a la mujer, víctima y luchadora social que es Rosario Piedra Ibarra, quien junto con doña Rosario Ibarra, han sufrido la desaparición de su hermano e hijo, respectivamente, así como su búsqueda y la cerrazón del Estado, así como la revictimización constante.

Mi cuestionamiento es a un sistema que está vulnerando a las instituciones autónomas que se han construido en décadas, para hacer valer los derechos de las víctimas, y de todos aquellos que han sufrido la violación de sus derechos humanos. La lucha del ombudsman debe partir de la legitimidad de origen y continuar legitimándose en el ejercicio de la función, rechazando cualquier injerencia de los poderes legales y fácticos. Lamentablemente, tenemos una presidenta ilegítima de la CNDH.

Y continúa el embate contra las instituciones democráticas… ahora en contra el Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.