Sin fiscal general ni fiscal anticorrupción ni Fepade

En el contexto de una de las investigaciones más escandalosas a nivel internacional en que se ha involucrado a los presidentes o expresidentes de varios países en el continente americano, y en el nuestro al responsable de las relaciones internacionales del equipo de campaña del actual mandatario, es, por decir lo menos, inverosímil, para la sociedad en general, que se haya tomado una decisión de esa magnitud sólo por el encargado del despacho de la PGR.

No abordaré este asunto de manera personal, toda vez que estoy convencido, en principio, de la dignidad de las personas, salvo que se pruebe lo contrario, y propongo que este asunto se analice con una perspectiva de mayor alcance y con extrema sensibilidad política.

El país carece de un procurador general de la República que goce de la legitimidad que la Constitución le otorga al titular, es decir, no sólo del respaldo del jefe de Estado que lo propone al Senado de la República, sino también del voto de las dos terceras partes que lo ratifiquen y, por ende, que goce de la confianza de dicha representación política para ejercer las funciones que representa combatir la delincuencia a nivel federal y el crimen organizado en cualquier orden político, aun con el riesgo que ello implica para los derechos de cualquier persona.

También el país carece de un fiscal anticorrupción que combata los delitos de una de las conductas que más lesiona a la nación, por el lastre que implica para superar las condiciones adversas que padecemos en muchísimos ámbitos.

Y ahora nos hemos quedado sin el fiscal de delitos electorales, cuando estamos comenzando uno de los procesos que se anticipan más complicados de las últimas décadas, a pesar de que cada vez se ha ido dificultando el ambiente político en torno a las instituciones en esta materia, reiterando su menosprecio por la credibilidad, algo que le otorga contenido a la simple formalidad de la legalidad.

La semana pasada, el Inegi informó que durante septiembre de 2017 poco más de tres cuartas partes de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, pero no sólo ello, en junio de este año, en estos mismos espacios de opinión de Excélsior, Leo Zuckermann nos informaba que el primer semestre de este año ha sido el más violento de este sexenio, con ocho mil 839 ejecuciones y que, contabilizando el total de este tipo de homicidios, en 55 meses del sexenio teníamos 49 mil 129, de acuerdo con la base de datos de Lantia, consultora especializada en temas de seguridad.

Incluso, quien presentara su renuncia a la Procuraduría General de la República hace un par de semanas, anunciaba que se requería del nombramiento del titular con respaldo absoluto para enfrentar la delincuencia organizada en el país y a nivel internacional. En este mismo sentido, en estos días está por presentarse un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran las instituciones en materia de seguridad pública y respecto del cual, sin duda alguna, los retos que se expondrán serán enormes.

Reitero, no se trata solamente de analizar jurídicamente si el encargado del despacho de la PGR debía cesar en sus funciones al servidor público que había sido ratificado por unanimidad en el Senado de la República, es decir, sancionarlo por las declaraciones que había realizado a los medios de comunicación en torno a las investigaciones en curso que, dicho sea de paso, no se dio a la fuga ningún gobernador que hubiere sido acusado por corrupción por miles de millones de pesos o se atentó contra la vida de ninguna persona involucrada en las investigaciones, si acaso se anuncia, tímidamente, una probable violación formal al debido proceso.

Se trata de destacar que no importó, ni pareciera importar en la toma de decisiones por el actual gobierno, que la inseguridad pública, incluyendo la procuración de justicia, es la principal preocupación de los mexicanos, en el que diariamente se incrementan los homicidios, robos, extorsiones, secuestros, trata de personas, corrupción y muchos más delitos conexos que los hacen posible, debido a la constante negociación de impunidad por corrupción.

Más valdría actuar con visión de Estado, en la que, además de reprobar la insensibilidad de quien verdaderamente ordenó y quienes consintieron al más alto nivel la decisión de remover al fiscal de delitos electorales y que contribuyen a la descomposición institucional, que lamentablemente no será recompuesta con la reinstalación del mismo fiscal, sino que debiera pensarse en nombrar a los servidores públicos que requerimos la sociedad ante la inseguridad que todos padecemos.