Continúan escándalos de corrupción

En tanto, los habitantes continuamos padeciendo, por ejemplo, los pésimos servicios públicos de transporte, ya sea de camiones, microbuses, taxis, metrobús, etcétera, tanto por la nefasta forma de conducir, que constantemente pone en peligro o incluso afecta la integridad física de los usuarios y demás transeúntes o vehículos, además de los delitos que, en forma reiterada, ocurren en los mismos.

No obstante ello, existe una poderosa red de intereses en la que continúa la tradición con raíces históricas, en que se negocia por la clase gobernante la protección e impunidad a cambio de mantener el servilismo corporativo para apoyarlos a mantenerse en el poder, aun cuando todo el sistema termina revirtiendo los beneficios a mediano y largo plazos a todos sin distinción alguna (la inseguridad la padecemos todos).

Los funcionarios de mediano y alto nivel del transporte en las entidades federativas no pueden excusarse de conocer las condiciones en que se está prestando el servicio, sin embargo, participan de los beneficios de los acuerdos, ya sea para mantenerse en el privilegio del cargo público o incluso del cuantioso negocio de los sobornos que los inspectores y sus jefes se encargan de mantener aceitado, con la finalidad de mantenerlo en condiciones de funcionamiento indispensable hasta que no surge un escándalo mediático y tienen que pagar las consecuencias sacrificando a los de menor jerarquía.

Pero esta misma corrupción tiene lugar a nivel, por ejemplo, de los taxistas, que se ven extorsionados para renovar sus permisos y licencias o de los choferes de los camiones y microbuses, sin importar la calidad del servicio que presten. También sucede en los más altos niveles del gobierno, como estamos viendo en muchas presidencias municipales (delegados en la CDMX), gubernaturas de los estados, y continúan los escándalos con los funcionarios federales de más alta jerarquía.

Esa misma corrupción que permite que grandes empresas puedan adjudicarse contratos multimillonarios sin que los funcionarios estatales o federales garanticen las condiciones de seguridad para la sociedad, en ambos casos escudados bajo argumentos mediocres sobre los límites de su responsabilidad en lugar de velar por el interés público de la sociedad.

Se diseñan y ponen en práctica ingeniosos sistemas para diseminar o eliminar la responsabilidad de servidores públicos o individuos protegidos por las redes de la corrupción, sin embargo, poco o nada se hace para establecer como piedra angular la protección de la integridad de los miembros de la sociedad y sus derechos fundamentales.

Antes que cuidar la vida de quienes se suben a un vehículo conducido por un borracho o drogadicto, se pone el aparato del Estado al servicio de quien paga para librarlo de la responsabilidad de las muertes de quienes pusieron sus vidas a su cuidado.

Antes que garantizar la vida de quienes transitan por las carreteras del país, el aparato del Estado se pone al servicio de quienes puedan pagar las concesiones, sin importar si la obra pondría en peligro no sólo la vida, sino el exiguo patrimonio de comunidades que, ante la incertidumbre climatológica, padecen de sobremanera la ineptitud ocasionada por obras públicas que se adjudicaron bajo el esquema de la corrupción.

Los problemas podrían continuar, por ejemplo, con los estacionamientos públicos, en donde, al parecer en todo el país, se cobra por tiempo que no fue utilizado el servicio, al amparo de un esquema de cobro que se dejó hace mucho tiempo de cobrar en los teléfonos celulares. En cualquier estacionamiento público cobran por una hora o fracciones que estará el vehículo. A pesar de que no se justifique dicho cargo, ya sea para garantizar los golpes o accidentes que pudieran ocurrir dentro del establecimiento o por la conducción de quienes brindan el servicio.

Insisto, los gobernantes están más preocupados por mantener el esquema de corrupción que les permite conservarse o prepararse para el siguiente cargo público; sin que la integridad o derechos de la sociedad forme parte de su esquema de prioridades, si acaso en la medida de que no se genere un escándalo público que ponga en riesgo su trayectoria política.

No faltan los distractores al problema de la corrupción en el gobierno federal, las entidades federativas y municipios, como la última sandez que se aprobó en el Estado de México mediante la cual se podrán vender bebidas alcohólicas a menores de edad, como si mediante dicha venta se disminuirá la inseguridad pública, que es la principal preocupación de los mexiquenses.