¿Y el fiscal anticorrupción?
Desde hace 100 años, El Periódico de la Vida Nacional ha denunciado que los problemas
y necesidades
de la sociedad continúan por una vía y los de los gobernantes por otra.
Felicidades a Excélsior por sus primeros 100 años.
Las crisis económica y de inseguridad son las principales preocupaciones de la sociedad, con la dificultad de superar estos problemas por el lastre de la corrupción, precariedades de nuestro sistema educativo, pero, sobre todo, el avasallado sistema de valores sociales.
No hay conversación en nuestro país que no gire en torno a los problemas de lograr que alcance el dinero para solventar las necesidades de alimentación, educación o salud, para conseguir un empleo, superar la disminución de las ventas o de los clientes, para pagar la nómina, el predial, la luz, el gas, el transporte, la tenencia, entre muchos otros. Se escucha, una y otra vez, que se disminuyen las expectativas de crecimiento de la economía nacional y, sin embargo, los precios y los impuestos se mantienen o suben.
Por otro lado, también es recurrente la crónica de los asaltos, ya sea en las vialidades, en los negocios, casas, la calle, el Metro, camiones, en los microbuses, en cualquier medio de transporte; lo mismo que las extorsiones en contra de todos aquellos que tienen un negocio lícito, por pequeño que sea. Los secuestros de todo tipo y en todos los estratos socioeconómicos. Todo ello también no sólo merma el patrimonio de las familias, sino que impide la creación de nuevas fuentes de generación de ingresos y distribución de los mismos en la sociedad.
Sin embargo, es imperdonable, injustificable y criminal que, en lugar de que los gobernantes cumplan sus obligaciones de cuidar los intereses y atender, en el ámbito de sus atribuciones, las preocupaciones y necesidades de la población, sean los propios gobernantes los que se dediquen a desviar los escasos recursos del erario, a realizar licitaciones a modo para que no paguen mucho más de lo justo por los bienes y servicios que contrata el gobierno en los diferentes niveles, además, que los que se adquieran sean de pésima calidad. Los gobernantes siguen enriqueciéndose, mientras que los servicios públicos son cada vez peores, tanto en cantidad como en calidad.
Los servicios de salud, educativos, de limpia, de supervisión sobre las concesiones, entre muchos otros, no soportarían una evaluación de los usuarios sobre la calidad de éstos y cuyos resultados se hicieran públicos.
Por otro lado, los gobiernos de todos los niveles y filiación partidista aún continúan debiéndole a la sociedad policías, ministerios públicos, peritos y jueces confiables, puesto que la idea de dar estadísticas o reformas que los hagan lucir continúa obsesionándolos, en lugar de mejorar los controles de calidad que atiendan necesidades concretas, tal como sucede con la extorsión de los policías, ya sean de tránsito local o federal, ya sean los de las grúas o los de vialidad.
Sólo se mejoran los sistemas con finalidades recaudatorias, ya sea mediante la verificación vehicular, las fotomultas o los candados de Tránsito, en los que hay un eficaz servicio para lograr que el ciudadano pague, sin que ello implique calidad del aire ni que tengamos mayor seguridad en los espacios públicos o privados de nuestro país.
Por ejemplo, desde hace unos días circulan en las redes sociales imágenes de jóvenes que, en la zona sur de la Ciudad de México, agreden sin motivo alguno a otros jóvenes sin que, a pesar de las imágenes, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o la Policía de la ciudad hayan podido detener a los responsables, ya sea por ineficacia o porque el manto protector de la corrupción lo impide. Esta problemática es una cotidianidad, con ciertas variables, a lo largo y ancho del país, en el que existen quienes agreden, intimidan, asaltan, defraudan, extorsionan, entre muchas otras conductas y en todos los niveles, amparados en el manto de la corrupción y la impunidad.
A pesar de todo lo anterior, los partidos políticos se enfrascan en una lucha soterrada por el control de las instituciones, ya sea del fiscal general o del fiscal anticorrupción, intentando ganar en lo inmediato aunque, a la larga, se pierda no sólo el gobierno, sino el país en la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
Twitter: @asalinastorre
