Autos blindados o combate a la impunidad
En lugar de hacer más difícil el asesinato o la comisión de cualquier delito, demandemos su persecución y eficaz sanción por parte del Estado.
Es indispensable detenernos unos momentos a reflexionar la continua degradación social e institucional que padecemos, así como la equívoca estrategia de la seguridad pública, con motivo del condenable homicidio de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien fuera juez quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles en Metepec, Estado de México.
El asesinato de toda persona debiera ser una de las conductas de mayor condena e indignación social, a grado tal que demandara una actuación inmediata y eficaz del Estado para demostrar que se ha vulnerado o atacado el valor más importante de la sociedad: la vida humana.
Todos los homicidios, y en general todos los delitos, debieran ser investigados para esclarecer los acontecimientos y perseguir eficazmente a los responsables para que cumplan con la sanción, asumiendo las consecuencias de su deplorable acción, todo ello con la finalidad de enviar un claro mensaje de que no puede ni debe quedar impune homicidio o delito alguno.
No sólo las estadísticas criminales evidencian que se está perdiendo la batalla contra la delincuencia, sino que, peor aún, también se retrocede en la evolución de la consciencia humana, puesto que la sociedad misma erosiona su capacidad de tolerancia hacia lo intolerable, de condena hacia lo condenable e, incluso, se detiene con respecto a lo que no podemos ni debemos permanecer inmóviles.
El Estado mexicano sigue refrendando su ineficacia para garantizar la seguridad no sólo de los gobernados, sino incluso de sus servidores públicos, cuya misión profesional es proteger la vida, integridad y derechos de todos. La legitimidad del Estado se erosiona frente a la sociedad y frente a sus propios integrantes y, lo que es más grave aún, con respecto a aquellos quienes estén a cargo de proteger a la sociedad.
El que una persona, en forma dolosa y sin justificación, prive de la vida a otra, es porque el criminal ha perdido el valor de lo que significa arrebatarle a otra persona no sólo los signos biológicos vitales, sino la alegría y dicha de disfrutar a sus seres queridos, las expectativas de realización de sus sueños e ilusiones.
La sociedad sigue padeciendo el asesinato de sus seres queridos y la respuesta pareciera ser, por un lado, que coartemos nuestra libertad y que le demos más atribuciones a quienes han demostrado ineficacia con las que tienen; por otro lado, que pongamos rejas a los negocios, nos encerremos en nuestros domicilios y negocios, construyamos nuestros propios muros, generemos la desconfianza y desinterés entre la sociedad, sin embargo, día a día padecemos los resultados de dicha estrategia.
A pesar de la más profunda reforma legal al sistema de justicia penal y la ampliación de atribuciones en favor de las instituciones policiales de prevención y de investigación, de procuración e impartición de justicia, dan la impresión de ser más débiles e ineficaces para garantizar la seguridad e integridad de las personas. Los gobiernos estatales y federal están muy lejos de cumplir las expectativas que generó dicha reforma al sistema de justicia.
La rendición de cuentas puntual sobre el avance de indicadores objetivos debería ser demandada y exhibida por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, incluyendo a las instituciones de educación superior, dejando de lado la complacencia de la coyuntura presupuestal o política, no sólo actuar con motivo de casos que conmocionen la opinión pública y, una vez que otro acontecimiento mediático lo supere, se olvide el tema. Por ejemplo, ya pocos o nadie reclama el esclarecimiento de los delitos acontecidos de una o dos semanas atrás.
Es impostergable que las instituciones se coordinen y eficienten los escasos recursos públicos de que disponemos para apuntalar la realización de acciones públicas que superen la inauguración de edificios o entrega de equipo, sino que trascienda en resultados medibles en la seguridad y confianza ciudadana.
Finalmente, también las investigaciones sociales habrían de aportar sobre lo que estamos haciendo mal en la fragmentación de la convivencia social que generaba bienestar común, apoyo social desinteresado y lazos sociales que fortalecían los valores de humanidad.
Twitter: @salinastorre
