Respaldo a las Fuerzas Armadas

En forma reiterada se cuestiona el desempeño de algunos elementos del Ejército mexicano a pesar de que no se contextualiza la precariedad del respaldo que tiene para hacerse cargo de funciones que, por ejemplo, debiera realizar la policía de los tres órdenes de gobierno.

El mismo Congreso de la Unión incumple la función de proveer a las Fuerzas Armadas el marco jurídico adecuado para brindarle un respaldo jurídico sólido y que otorgue certidumbre al desempeño de las instituciones castrenses; ya que desde la Legislatura antepasada se propuso al Poder Legislativo federal una nueva Ley de Seguridad Nacional que estableciera hipótesis legales para la intervención de las Fuerzas Armadas, así como mayores facultades legales a cargo de ellas, además de mecanismos de control y supervisión sobre su desempeño.

Cabe mencionar que todos los proyectos humanos son perfectibles y, tratándose de la regulación del poder del Ejército y los derechos de los ciudadanos, el tema es aún más delicado; sin embargo, los soldados padecen la ausencia de disposiciones legales que les brinden un respaldo jurídico adecuado, pues no sólo se exponen al descrédito social, que ya de por sí ha sido grave y lamentable, sino, además, se juzga su actuación sin disposiciones legales que establezcan con claridad sus facultades y los alcances de sus obligaciones y responsabilidades, finalmente, exponen su integridad física e incluso su vida misma.

Por el lado de los gobernados, quienes no participan en las actividades delictivas, que son la mayoría de la población, nos encontramos sin tener claridad y certeza también del alcance de las atribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ante quienes se puede acudir para denunciar cualquier acto que se considere que afecta la esfera jurídica del gobernado y que se garantice la eficaz respuesta sin que se exponga a represalia alguna.

En este sentido, se genera un efecto perverso para ambas partes. El Ejército actúa con inseguridad, al igual que la sociedad. Ambos interactúan con cierto grado de desconfianza y los efectos perniciosos de esta situación únicamente favorecen a quienes, con impunidad, libertinaje y violencia, atacan tanto al Ejército como a la sociedad en general.

La clase política no aporta el tiempo, esfuerzo ni una mínima parte de la legitimidad que le queda para construir los acuerdos que otorguen el respaldo jurídico al desempeño de las Fuerzas Armadas, ni tampoco los mecanismos adecuados que garanticen a la sociedad supervisión y, en su caso, sanción a los desvíos que cualquier servidor público podría tener, pero que en el caso de una Fuerza Armada es más preocupante para la sociedad.

En el contexto del descrédito social que padece la mayoría de las instituciones, cobra relevancia que, de acuerdo con diversas encuestas publicadas en los últimos diez años, las Fuerzas Armadas continúen siendo las que gocen de mayor credibilidad y reconocimiento social en nuestro país.

La sociedad aún percibe que puede recurrir al Ejército, sobre todo en los casos de desastres nacionales, a pesar de ciertos hechos en los que se ha visto involucrado, precisamente porque las instituciones civiles no han sido profesionalizadas y diseñadas con los controles adecuados para responder a las necesidades de los mexicanos.

Debemos reflexionar, ¿qué sucedería si continuamos desgastando a nuestra institución militar? ¿Después de ella a quién recurriremos? Se trata de mexicanas y mexicanos que ofrecen su integridad y vida al servicio de México. Finalmente, debemos plantearnos que las instituciones públicas son un reflejo de la sociedad que somos. La corrupción, ineficacia y falta de preparación de nuestras instituciones deben ser combatidas desde el seno de las células de la sociedad, la familia, la comunidad vecinal, las organizaciones sociales, entre otras, en las que se promuevan y asuman los valores que demandamos de las instituciones públicas.

Twitter: @asalinastorre