Meade: confianza y beneplácito

Más allá de las diferencias ideológicas que pudiera tener cualquiera con José Antonio, su disposición a escuchar y dialogar para construir a partir de la búsqueda de las coincidencias siempre permite generar una sensación de confianza y familiaridad entre los interlocutores, lo cual es una excepcionalidad en el ámbito de la política nacional.

La sólida y valiosa formación familiar, además de la extraordinaria historia profesional del recién designado Secretario de Hacienda, genera confianza y beneplácito, puesto que quienes hemos gozado de la distinción de conocer a su padre, Dionisio Meade, reafirmamos que es casi imposible la generación espontánea de hombres de bien en nuestro país.

Sin duda alguna que la economía nacional padece de graves y profundos males que no pueden ser soslayados, pero estoy convencido que el talento y las capacidades largamente cultivadas de José Antonio permitirán construir consensos en uno de los contextos nacionales e internacionales más difíciles de las últimas décadas.

Aun cuando podríamos caer en el reiterado error de hacer depender el éxito de la coyuntura en un solo hombre, me pronuncio porque se aproveche la circunstancia del arribo de un servidor público con visión de Estado para avanzar en la consolidación de un sistema de rendición de cuentas sobre el destino del gasto público, no sólo en el ámbito federal, el cual ya de por sí es importante, sino me refiero al que se destina a las entidades federativas y los municipios.

Desde antes de los primeros gobiernos de la alternancia partidista a nivel federal ya se padecían los inútiles e ineficaces mecanismos de control y supervisión informales que tenía el viejo sistema priista de la federación sobre los gobiernos locales. Es por ello que debiéramos aprovechar esta situación para revisar el orden jurídico que ha permitido el desvío de miles de millones de pesos del erario público.

Es impostergable la construcción de un nuevo federalismo mexicano en el que se deje atrás la visión patrimonialista de las finanzas públicas en el que se considera que quien gobierna puede hacer lo que quiera con los recursos públicos, puesto que las condiciones político-económicas del país ya no permiten continuar por dicho sendero.

En nuestro país son de sobra conocidas las historias de corrupción y desvío de fondos públicos. La lealtad política de los gobiernos locales hacia la antigua figura presidencial ha resultado muy cara para el país. El desarrollo nacional ha sido postergado con la finalidad de garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad con la que han chantajeado los gobiernos de las entidades.

Nuestro país corre el riesgo de utilizar el populismo como un falso mecanismo de solución a los problemas, tal como ha quedado demostrado en varios de los países latinoamericanos, con un rotundo y evidente fracaso. Sin embargo, insisto, la coyuntura actual podría ser aprovechada para establecer un mecanismo más adecuado de rendición de cuentas y fincamiento de responsabilidades sobre el desvío de los recursos públicos.

Para negociar el próximo paquete presupuestal se ha nombrado, por el gobierno federal, a uno de los hombres más experimentados del sistema político actual. Aprovechemos que la credibilidad y condiciones de dicho gobierno permiten que la oposición establezca las condiciones de la negociación. Sobre la mesa debieran estar puestos los mecanismos que garanticen que los recursos que se recaudan de los impuestos y de la renta petrolera llegarán al destino que el desarrollo nacional requiere.

Si los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo a los municipios, acudieran al Congreso de la Unión por mayores recursos, deberá exigírseles que se eliminen los obstáculos que se han presentado para la fiscalización y que asuman la responsabilidad penal y administrativa que corresponda, pero sobre todo, blindar todas las siguientes elecciones locales para llegar a unas elecciones federales confiables y desterrar desde ahora el discurso del fraude electoral.