Nunca hubo conflicto de interés

No hubo sorpresa: después de meses de, supuestamente, conducir una investigación seria, imparcial y transparente, el señor Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, juzgó que el Presidente de la República y el secretario de Hacienda no incurrieron en un conflicto de interés con relación a las famosas Casa Blanca y Casa de Malinalco, respectivamente.

Era obvio que esa sería la “brillante” conclusión de la indagatoria llevada a cabo por Andrade. Y es que, desde que se destapó la cloaca bajo de la que se escondían las casas de Higa “vendidas” a la esposa del Presidente y a Luis Videgaray, era evidente que los intereses del propio Enrique Peña, del secretario de Hacienda y de Juan Armando Hinojosa estaban perfectamente alineados: los dos funcionarios públicos en cuestión (en el caso del Presidente, me refiero a su esposa) querían hacerse de sendos inmuebles  y, al mismo tiempo, el señor Hinojosa anhelaba que le fueran “adjudicados” contratos de obra pública (en particular, uno correspondiente a un tren que conectaría a las ciudades de México y Querétaro).

En otras palabras, nunca hubo conflicto de interés: todos los participantes en las transacciones investigadas por don Virgilio Andrade sabían perfectamente lo que querían y cómo conseguirlo. Así, por un lado, el constructor Hinojosa “ganó” lo que deseaba, es decir, contratos; por otro lado, Videgaray Caso y Angélica Rivera adquirieron tremendas casas bajo cómodos esquemas de financiación. Todos terminaron contentos y con sus intereses totalmente satisfechos. ¿Dónde está, pues, el conflicto de interés? ¿Acaso no es obvio, insisto, que dicho conflicto nunca existió sino que, al contrario, los intereses de todos los involucrados estaban en total armonía?

En México, quienes están en el poder suelen entender a lo público como de su propiedad, como su patrimonio. Y quienes son sus amigos, conocidos y familiares, esperan que ese patrimonio sea repartido, que a todos les toque algo. La ley les es totalmente irrelevante: o se la brincan o, mejor aún, la utilizan para justificar sus acciones, omisiones, abusos, corruptelas, tráfico de influencias, etcétera. Por todo esto, justamente por todo esto —y porque son muy cínicos, obviamente— ni el Presidente, ni su esposa, ni el secretario de Hacienda, ni su amigo el constructor, ni el señor Andrade, pueden siquiera concebir que haya conflicto de interés alguno en torno a las ya mencionadas casas. Y si llegaran a pensar que lo hubo, para eso está, insisto, la ley precisamente: no para castigarlos sino para exonerarlos, para apoyarse en ella y decirnos que son inocentes, que son éticos.

¿Y luego por qué las prisiones están en manos de los delincuentes, por qué las policías están del lado de los criminales, por qué los maestros de la CNTE ven en la educación un negocio que, además, es de ellos y de nadie más? ¿Y luego por qué nada funciona en México como debería, por qué decenas de niños mueren en una guardería incendiada y nadie encara responsabilidades, por qué asesinan a cinco personas en un departamento ubicado en la Ciudad de México y las autoridades, en vez de llevar a cabo una investigación  bien hecha, permiten filtraciones de información y condenan a las víctimas a sufrir doble, y hasta triple, victimización? ¿Y luego por qué etcétera, etcétera?

Porque en este país no hay conflicto de interés —nunca lo ha habido— entre, por un lado, la corrupción y la impunidad y, por otro lado, la cotidianidad y el modo de vida, lo cual ha sido evidenciado, en esta ocasión, por el “sorprendente” hallazgo de Virgilio Andrade. ¿Hasta cuándo?