Guerrero: ¿colapso?

La semana pasada, la empresa Coca-Cola dejó de operar en Chilpancingo, Guerrero, pues, en los últimos cuatro meses 200 de sus camiones han sido saqueados. Asimismo, el pasado miércoles, dos empleados de la compañía fueron “retenidos” por estudiantes normalistas y por miembros de la CETEG; eventualmente, estos dos trabajadores fueron “intercambiados” por tres normalistas que las autoridades habían arrestado precisamente por estar robando un camión de refrescos.

Este episodio es el más reciente de una serie de acontecimientos que exhiben que, en Guerrero, el gobierno federal, el estatal y los municipales han sido superados por la realidad: en dicho estado, la ley es tinta sobre papel y nada más. Por eso, un día sí y otro también, hay asesinatos, secuestros, levantones, saqueos.

Sin embargo, lamentablemente, las cosas son un poco más complejas que lo señalado en el párrafo anterior: no estamos ante gobiernos que no pueden cumplir con su trabajo, es decir, que honesta y responsablemente se esfuerzan por hacer valer el marco legal pero no lo logran, sino ante algo mucho peor: en Guerrero, las autoridades son parte central del entramado de corrupción e impunidad que tiene sumida a esta entidad federativa en la barbarie.

Ahí está, por ejemplo, el ofensivo y condenable caso de José Luis Abarca y su esposa, quienes, desde la propia presidencia municipal de Iguala, delinquían. También están ahí varios de los familiares del gobernador con licencia Ángel Aguirre, quienes se han dedicado a saquear —justo como quienes saquean los camiones de Coca-Cola— los recursos del estado. Y ahí está igualmente el gobierno federal, permitiendo que todo tipo de delincuentes quebranten la legalidad incluso cuando el presidente Peña Nieto ha prometido, abiertamente, que ya no se permitirían, por ejemplo, bloqueos en la Autopista del Sol.

Guerrero es producto, pues, de que las autoridades de todos los niveles y colores actúan en contra de la legalidad misma, ya sea activamente o por negligencia. Por eso, este estado del país es un paraíso para los criminales de toda índole. Claro está que esto no tiene nada de novedoso: desde hace muchos años, Guerrero es un polvorín, tierra de nadie donde la ley ha sido nula o, en el mejor de los casos, aplicada selectiva y políticamente.

Si no hay un cambio radical en cómo es “gobernado” Guerrero, a Coca-Cola le seguirán otras empresas y no sólo en Chilpancingo. ¿Y luego? ¿En qué van a trabajar los guerrerenses? No olvidemos que estamos hablando de uno de los estados más pobres, menos educados y más hambrientos del país. Lo que la entidad requiere es, pues, orden, garantías para los empresarios y trabajadores, mejor infraestructura, más y mejor educación, etcétera, es decir, más y mejor gobierno.

Vienen las elecciones y llega una oportunidad de exigir, vía el voto, que quienes gobiernen lo hagan de verdad, que no roben, que no saqueen, que se dediquen a lo que les corresponde. ¿Pero de verdad hay opciones para los electores guerrerenses? ¿De verdad los partidos políticos no son todos lo mismo? Es frustrante ver cómo están las cosas y, al mismo tiempo, advertir que quienes se ofrecen para arreglar la situación son los mismos que han creado, en buena medida, el desastre en el que está el estado.

Ahora es Guerrero. Pero Oaxaca y Michoacán son igualmente entidades al filo de la navaja. ¿México entero también? Urge que los políticos entiendan, incluso si sólo lo hacen desde un punto de vista egoísta, que las cosas ya no pueden seguir así:  si la clase política continúa dedicándose a la rapiña, al mal gobierno, a los abusos y, en los peores casos, hasta a delinquir, tarde o temprano el tejido social reventará: Guerrero (y podría seguirle México o al menos algunas de sus regiones) se colapsará. Si eso ocurre, todos, incluidos los políticos, saldremos perdiendo.

Lo repito: al menos por egoísmo, es apremiante que los partidos políticos y los gobernantes se tomen las cosas en serio. Pero, claro, seguramente no lo harán. A ver, pues, cuánto aguantan Guerrero (y México).

Twitter: @aromanzozaya