En México se piensa que la Orden Ejecutiva (OE) emitida el 19 de mayo en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, en la que instruye al secretario del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, un aviso formal a las instituciones financieras de su país sobre los riesgos asociados a la explotación del sistema financiero estadunidense por parte de personas que carecen de documentos legales para trabajar y a los empleadores que los contraten, tendrá un efecto limitado sobre el mercado de remesas.
Lo cierto es que la OE va más allá del mercado de remesas, la realidad es que está dirigido a emitir modificaciones a la Bank Secrecy Act para reforzar los requisitos de conocimiento del cliente entre los nuevos y crecientes actores del sistema que operan en sistema financiero transfronterizo: plataformas de pagos digitales multidivisa, wallets fintech y pagos con cripto, las que tendrán las mismas exigencias que una institución financiera global o un remesador, en materia de identificación del cliente y financiamiento al terrorismo.
El instrumento articula, de manera expresa, dos vectores de riesgo y plantea una serie de tipologías de actividad sospechosa que impactan, directa e indirectamente, el ecosistema de remesas y flujos transfronterizos México–EU, que, sin duda, tendrá implicaciones operativas y diplomáticas para Hacienda, Banxico y la CNBV. Entre algunos elementos de riesgo es que anula en definitiva el uso de la matrícula consular o documentos digitales subidos en apps sin confirmación legal migratoria, para ser usada como medio de identificación para la apertura y uso de cuentas, de envíos o recepción de remesas y pagos transfronterizos.
Mire, con eso de que abundan en México las solicitudes de autorización para IFPE que operan en esos corredores, incluyendo la de FinaBien que opera en el mercado de remesas, las autoridades financieras mexicanas deberían adelantarse a establecer un diálogo técnico en el Departamento del Tesoro de EU, para explicar de forma sustantiva y verificable, cómo se aplican los controles a transmisores de dinero, instituciones de fondos de pago electrónico, bancos digitales multidivisa, instituciones de banca múltiple y demás entidades participantes en el flujo y trazabilidad de remesas.
Y por ahí echen una revisada a lo que destacó la OE de la Casa Blanca porque se apunta la posibilidad de que canales digitales como el SPEI, procesadores de pago de terceros y plataformas peer to peer, sean utilizados para lavar dinero so pretexto del envío de recursos disfrazados de pagos digitales que en realidad son remesas y pagos transfronterizos.
La OE enumera que ahora los avisos al Tesoro deberán incluir el uso estratégico de empresas de servicios monetarios no registradas, procesadores de pagos de terceros y plataformas P2P para facilitar pagos “fuera de libros”destinados a eludir los umbrales de reporte de la Bank Secrecy Act o las obligaciones fiscales correspondientes. Este punto es el que mayor exposición reputacional y regulatoria genera para el ecosistema mexicano, por cuanto traslada la conversación de las remesas tradicionales hacia los rieles digitales locales, en los que la frontera entre una remesa familiar legítima y una operación de blanqueo se vuelve, sin controles reforzados, difusa. ¡Se están tardando para asimilar el cambio!, ojalá que no les pase de noche como los efectos de la aprobación de la Fentanyl Act y las sanciones financieras que cimbraron a México el año pasado.
DE FONDOS A FONDO
#SilverBlue… En febrero pasado, la sofom Solage, fue adquirida por SilverBlue cuyo CEO es César Urrea. Éste es un fondo de inversión enfocado en impulsar empresas y activos que generan rendimiento financiero mientras producen un impacto ambiental positivo para el planeta.
Solage —que trae en caja más de 500 millones de pesos para financiamiento PPA—, se enfoca en apalancar proyectos de energía distribuida y almacenamiento para sectores comercial e industriales, justo los que no tienen limitación para inversión privada porque no requieren permiso formal de generación si es para autoconsumo (parques industriales por ejemplo) y con capacidad menor a 0.7 Mw y, tienen trámite de interconexión simplificado bajo la nueva regla emitida por Sener, de Luz Elena González.