El 18 de marzo, cuando la distracción legislativa estaba centrada en la reforma política, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó por tercera vez su iniciativa de reforma a la Ley de la Profeco y a la de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para prohibir el telemercadeo.
En México, este mercado es, sobre todo, usado por empresas financieras y de seguros para obtener citas o para realizar encuestas comerciales y políticas, incluyendo las de Morena y, en muchos casos, por la insistencia de las llamadas puede resultar invasiva y generar molestias, porque es difícil saber cuándo es una hora adecuada para llamar a una persona y casi nunca el agente pregunta a quien llama si en el momento de la comunicación el cliente puede hablar.
Dicho lo anterior, la iniciativa propone sustituir el modelo de consentimiento tácito en llamadas telefónicas (opt out) por consentimiento expreso, previo, libre, informado y verificable (opt in) en cualquier comunicación con fines publicitarios o mercadotécnicos (llamadas, SMS, correo, medios similares). Para ello, establece que el consentimiento publicitario sería independiente del contrato, términos y aviso de privacidad, y se prohíbe recabarlo por cláusulas de adhesión (hoy así se regula) y no podría condicionarse a la contratación del servicio. El usuario podría revocarlo en cualquier momento por medios sencillos y el emisor debe cesar los contactos en máximo 5 días hábiles (LFPC) o 15 días naturales (LPDUSF) y aún con consentimiento se fijan límites de frecuencia de contacto.
El tema es que la Ley de la Profeco y la Condusef nunca ha funcionado en la práctica, pues en ambos casos incluyen e instruyen al Estado, a través de estas instituciones, a mantener activo y promover un registro de los números telefónicos, en el que niega el permiso para recibir llamadas comerciales en sus números, sean fijos o móviles. Y la razón es que ni el Repep (Profeco) ni el Reus (Condusef) funcionan, porque no tienen ni plataforma ni presupuesto para sostenerlos y escalarlos. ¿Usted cree que la prohibición evitará que le llamen de Morena, del PAN o del partido que sea en medio de una campaña presidencial 80 veces al día?
No es la ausencia de reglas, sino la falta de cultura de protección de datos y la falta de aplicación de la ley. Muchas llamadas provienen de prácticas irregulares (bases de datos ilícitas, suplantación de identidad, extorsión), no de las instituciones reguladas que cumplen protocolos, avisos y controles. La iniciativa reconoce, incluso, que los registros y marcos actuales han sido subutilizados o se operan de modo reactivo, ello amerita divulgación, simplificación y vigilancia, no un viraje punitivo hacia el opt in.
DE FONDOS A FONDO
#ConMéxico… A dos años de haber llegado al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), y tras una revisión de su estructura y agenda institucional, el organismo que preside Claudia Jañez se prepara para un año clave: no sólo cumple 30 años, sino que avanza en la consolidación de su papel como la voz de la industria de consumo en un entorno económico y regulatorio muy costoso y complejo. El peso del sector es contundente: alcanza 100% de los hogares del país y forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Las empresas que integran ConMéxico generan más de 500 mil empleos directos y millones indirectos, por lo que la agenda que impulse en esta nueva etapa será particularmente relevante.
#IMPI-Cofepris… A paso veloz están resolviendo las observaciones incluidas en el reporte de Barreras No Arancelarias 301 de la USTR relacionadas con la reforma a la Ley de Derechos de Autor y la segunda, con la revisión de la Ley de Propiedad Industrial. Esta última corrió rápido el proceso legislativo y fue aprobada la semana pasada, por lo que si es publicada esta semana en el DOF, la siguiente habría que esperar la publicación de los lineamientos para la gestión de los trámites conforme a los cambios legislativos aprobados. Por cierto, en el portal único de ambas dependencias la industria espera que el registro sea tal que les permita ver quién avanza y quién no en la aprobación de trámites de patentes, pues ambas tienen la obligación de reducir tiempos de dictaminación (IMPI lo pretende llevar de 10 a 5 días en industrias farmacéuticas y, tratándose de examen a fondo, que no exceda un año la concesión de una patente o la negativa si es el caso.