La iniciativa de ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica (FIEE) para el Desarrollo con Bienestar y la reforma que planteó la presidenta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fue ampliamente conversada con el sector privado para definir un marco legal en el que, manteniendo el control mayoritario del Estado Mexicano sobre activos de infraestructura energética y logística, se garanticen derechos contractuales de la inversión minoritaria que realice la inversión privada o la inversión social cuando se trate la transformación de territorios para asentar polos de desarrollo.
Es interesante porque, según TTR Data, no se trata de un remedio de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la de Obra Pública o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, porque esos ordenamientos no cubren de manera integral los modelos de inversión, coinversión, financiamiento y de garantías, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado. Eso es clave. Mire, la inversión mixta (privada o social) se plantea para complementar la inversión presupuestal, y si la Administración de la presidenta Sheinbaum quiere impulsar la construcción de 30 mil megawatts adicionales de generación eléctrica, transmisión y distribución o disminuir de 75 a 50% la dependencia de importaciones de gas natural, impulsando el desarrollo y pleno aprovechamiento de las reservas de gas en México, se requiere disminuir riesgos al financiamiento y mejorar la certeza para que la inversión fluya.
Veía una gráfica interesante. En la convocatoria que lanzó la Sener, que encabeza Luz Elena González, para admitir inversión mixta, con 46% de participación privada, se inscribieron más de 300 participantes, no 15 como se propuso originalmente. La expectativa de inversión mixta no sólo está impulsando iniciativas de energía eléctrica o petrolera, sino en comunicaciones, transporte, carreteras, aeropuertos, puertos, agua, medio ambiente, parques industriales, desarrollo urbano, desarrollo turístico, establecimientos de salud, educación y tecnología, además de espacios públicos. Por ello, la ley propone regular los contratos de inversión estratégica, instaurar un Consejo de Planeación Estratégica para la Construcción de Infraestructura sin patrimonio que, de entrada, tendrá la obligación de actuar como órgano consultivo de todos los proyectos que se han presentado (programa energético, carretero, desarrollo para el bienestar, hídrico, de transporte ferroviario y de movilidad humana, educativos o de salud).
Los cambios en la Ley de Responsabilidad Hacendaria permitirán que esos proyectos tengan un adecuado registró presupuestal de la inversión planeada y la ejecutada, la valuación de pasivos y activos financieros, riesgos y contingencias asociadas y su consolidación bajo el marco normativo autorizado de contabilidad del Estado. Son 138 páginas que bien vale la pena leer, pues ni en el mejor de los momentos neoliberales o de reforma estructural en México se diseñó un marco en el que el Estado no pierde rectoría, ni siquiera dentro de sus propias dependencias porque todas y cada una responderán, incluyendo los proyectos de desarrollo para el Bienestar de Marina y Defensa, a la conducción y vigilancia integral del consejo citado líneas arriba.
DE FONDOS A FONDO
#IPAB… Uno de los desafíos que tiene la actual estructura del sistema financiero tiene que ver con completar el número de vocales independientes del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Pues le comento que Edgar Amador, secretario de Hacienda, ha ido progresivamente cambiando perfiles, reestructurando áreas responsables de la ejecución de políticas públicas, etcétera, y por fin, después de un año acéfala, decidió proponer al extitular de la UBA Alfredo Navarrete para ocupar la primera de cuatro vocalías ejecutivas del IPAB.
La propuesta de nombramiento se envió desde la semana pasada al Senado y se esperaría que Ignacio Mier, coordinador de Morena, le dé paso a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Primera para que su nombramiento pueda dictaminarse y ratificarse. Sería el primer nombramiento desde 2021, porque el de Carlos Romero y Diana Álvarez nunca fue ratificado en el Senado.