Apenas ayer, Vidal Llerenas, oficialmente nombrado director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), anunciaba que una de las acciones inmediatas de su gestión al frente sería actuar contra las “plataformas pirata de streaming” para evitar la trasmisión pirata de partidos de futbol. ¿FIFA o T-MEC?
¡Los dos! Le comento que el viernes pasado llegaron dos iniciativas a la Permanente que serán turnadas a la Cámara de Diputados y que podrían requerir de un nuevo periodo extraordinario exprés. ¿La razón? El fut y el streaming pirata son el pretexto ideal para justificar dos iniciativas. La primera es una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), que incorpora la “Responsabilidad Secundaria de Proveedores de Servicios de Internet” para detener o bajar o bloquear las trasmisiones pirata y, la segunda, una reforma al Código Penal Federal (CPF) y Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) para Fortalecer el Marco Penal en Materia de Propiedad Intelectual. Subrayada petición de la USTR.
¿Son necesarias esas reformas?, pero debe asegurarse que no tengan elementos que faciliten juicios discrecionales que acaben generando daño sobre la carretera en lugar de castigar al infractor de derechos de propiedad intelectual.
El régimen o modelo de “puerto seguro” ha imperado en México, pues se otorga el beneficio al PSI de asumir la responsabilidad secundaria por actos de sus usuarios, pero con la iniciativa, al establecer el concepto de “responsabilidad compartida”, se le obliga a crear un sistema de control de las actividades que realizan sus usuarios cuando el titular de un derecho de transmisión de contenido denuncie sin mediar un procedimiento administrativo preventivo claro.
Por ello, crea un mecanismo de suspensión y terminación de cuentas de infractores y reincidentes que, se supone, debe ser proporcional y de conocimiento público, con el objetivo de proteger los derechos de autor y conexos en el entorno digital conforme a los estándares del T-MEC. La iniciativa es perfectible y tiene errores que los expertos subrayan. Por ejemplo, no distingue con claridad entre proveedores de acceso a internet y plataformas digitales con control efectivo sobre contenidos, y las dos figuras son jurídicamente diferentes porque también lo son sus capacidades técnicas. La carretera es distinta de la plataforma que alberga el contenido. Mire, la denuncia de la USTR incorporada en el informe 301 de este 2026, previa a las negociaciones que ubicaron a México en la lista de observación y lo eliminaron de la de vigilancia extraordinaria, incluyó justamente este tema junto con la falta de sanciones pecuniarias lo suficientemente altas como para inhibir la difusión de contenido pirata en plataformas.
La iniciativa justamente responde a la crítica, imponiendo sanciones a los PSI que no retiren o suspendan en forma definitiva cuentas que sean denunciadas como infractoras de los derechos de transmisión, que van desde 500 UMAS hasta 40,000 UMAS en caso de infracciones graves.
La segunda iniciativa, la de penalización de delitos contra los derechos de autor o de propiedad intelectual, busca tomar el piso mínimo de la OMC, al establecer un umbral mínimo para la actuación de oficio del ministerio público (el umbral son 170 UMAS), el que pueda detenerse en mercancía en tránsito aduanal y las sanciones llegan a las 50 mil UMAS. Si alguien en una empresa comete un error de licenciamiento de contenido digital o físico, con esta reforma ¡la pagará carísimo!, pero… ojalá y ¡fueran los piratas!
DE FONDOS A FONDO
#BarómetroTala… Este martes 2 de junio, Tala, plataforma crediticia basada en IA, que en México y Latam dirige David Lask, presenta los resultados de su Barómetro 2026, encuesta para conocer cómo se vive el estrés financiero o “cuando la lana no alcanza” en nuestro país. La información revela que 49% de los encuestados por Tala reporta que sus ingresos se han estancado en el último año (crecimiento económico débil y la inflación ha hecho lo suyo), de manera que el déficit estructural es de 14% (el gasto supera al ingreso). Hace un año, ese déficit fue de 11.4 por ciento. Esta presión genera un ciclo de deuda donde los usuarios se ven forzados a “tapar hoyos”, esto es, usan un préstamo para cubrir otro (esta práctica pasó de crecer 5.8% en 2024 a 7% en 2025; 28% recurre a familiares y amigos para salir de la “carga de los préstamos en cascada”). Justo la advertencia de la Condusef, de Óscar Rosado.