Doña Carlota, La Justiciera de Chalco

Lo dicho por Octavio Romero el lunes pasado en Palacio Nacional, acerca de que el gobierno federal apoyará legal y financieramente a quienes despojen de sus propiedades a sus dueños, revivió el icónico caso de doña Carlota, la llamada Justiciera de Chalco.

Cualquiera que haya sido el motivo de esas declaraciones, obligarán a Claudia Sheinbaum a explicar qué es lo quiso decir el director del Infonavit con eso de que su gobierno apoya a los invasores de propiedades para adueñarse de ellas.

Todo el mundo recuerda que, en abril pasado, una señora —cuya hija había sido despojada de su propiedad por el sindicato 22 de Octubre— acudió a un domicilio para exigir la devolución de éste, que había sido invadido cinco días antes; el tema terminó en tragedia.

¿Cómo se debe tomar la declaración de Romero acerca de que la Presidenta le instruyó impedir el desalojo de invasores y, por el contrario, apoyarlos para que se apropien de los inmuebles con financiamiento del gobierno?

¿O sea que quien quiera defender su propiedad no cuenta con el apoyo del Estado y puede acabar como doña Carlota, que, junto con sus hijos, Eduardo y Mariana, está presa en el penal de Chalco?; todos acusados de dar muerte a dos de los invasores cuando intentaron recuperar la propiedad.

A casi tres meses de los hechos, las investigaciones arrojan que ese día Carlota y sus hijos iban acompañados de policías municipales, quienes de pronto se retiraron y los dejaron solos ante el grupo invasor, con amplio historial delincuencial.

En los videos se aprecia cuando doña Carlota dispara contra los invasores, dando muerte a uno de ellos, y después cuando Eduardo dispara a otro en la calle, pero no se aclara el contexto.

Un análisis pericial muestra que, antes de que la señora sacara su arma —herencia de su esposo—, se escucha un disparo del grupo invasor, por lo que se ven obligados a responder, en lo que los abogados calificarían como legítima defensa.

A quien hiere mortalmente la señora es un joven que había estado en la cárcel por robo a cuentahabiente y quien, en redes, presumía fotografías con rifles R-15. Posteriormente, el líder invasor ataca a la señora y la desarma, lo que provoca la reacción de los hijos.

Mientras Mariana trata de proteger a su madre, Eduardo logra derribar al agresor, a quien dispara. El invasor es trasladado a un hospital, donde se niegan a atenderlo, y en el trasladado a otro, muere.

¿Qué hubiera pasado si las autoridades del Estado de México hacen su trabajo en lugar de ser omisos? Seguramente nadie habría muerto y doña Carlota y sus hijos no estarían en la cárcel.

Por eso es alarmante la declaración de Romero para legalizar las invasiones y los despojos, apoyando a quienes violen la ley; la 4T tendrá que aclarar el tema.

CENTAVITOS

A nadie sorprendió la chicanada que Diego Valdez y su grupo hicieron para intentar retener el control del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial en la CDMX, pues, tal como estaba pronosticado, la convocatoria fue lanzada de manera irregular, en un día inhábil y sin la difusión necesaria, como marcan los estatutos. Representantes de las planillas Guinda, Nezahualcóyotl Salinas; Rosa, Kikey Loo Moreno, y la Azul, de Eduardo Vélez, exigen una nueva convocatoria, a fin de que todos los grupos interesados puedan participar. El tema caerá en la cancha del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, José Luis Rodríguez, quien tendrá que meterse en el cuestionado proceso de elección del Poder Judicial.