El crecimiento de la productividad

El martes pasado el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, inauguró la Semana del Emprendedor para el Crecimiento de la Productividad y la Innovación; semana organizada por el maestro Enrique Jacob, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. La semana incluye, además de conferencias y talleres, 30 mil metros cuadrados de exposiciones exitosas de emprendedores mexicanos.

En una conferencia pronunciada el jueves, el licenciado Abraham Zamora, titular de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda, mencionó que en la segunda quincena de agosto dicha Secretaría lanzará el Programa Especial para Democratizar la Productividad; programa que contendrá cuatro ejes: 1) promover el uso eficiente de los factores económicos; 2) lograr que el capital llegue a las empresas; 3) reducción de la carga regulatoria; y 4) mejorar la infraestructura, no sólo la de comunicaciones sino la logística en general. El director general de Política y Proyectos de Productividad de la SHCP, el licenciado Emilio Sanders, mencionó que el Programa Especial para Democratizar la Productividad será como un manual en el que los emprendedores y los funcionarios de las instituciones relacionadas con esta materia podrán conocer las líneas específicas para mejorar la productividad.

Al respecto, queremos dar una serie de opiniones que están plasmadas en la iniciativa de la Ley Reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución, en materia de competitividad, y cuyo dictamen está siendo analizado y discutido por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados. Es un hecho demostrado en la historia económica de países europeos como Alemania, Suecia y Noruega, así como de países del Este asiático como Japón, Corea y China, que los mercados por sí solos no resuelven los problemas que pretenden encontrar su solución en el Programa Especial para Democratizar la Productividad; se requiere gobernarlos, como lo destacan en sus libros Chalmers Johnson, Alice

Amsden y Robert Wade. Y con mayor razón cuando, en una economía como la nuestra, la inmensa mayoría de los cuatro millones de empresarios que existen no son emprendedores: la mayoría de micro y pequeños, con dificultad son sobrevivientes; y los muy grandes obtienen una buena parte de sus ganancias del manejo de su capital financiero, no del incremento de la productividad de sus unidades económicas.

Otro problema que se repite en varios discursos oficiales, consiste en suponer que el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas permitirá que éstas se conviertan en grandes. En términos estadísticos, en la economía global actual, ni el uno por ciento de las grandes empresas comenzaron siendo Mipymes. El incremento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas solamente se logra, si además de apoyarlas con capacitación tecnológica y con adecuado financiamiento, se les incentiva para que formen clusters y, mejor aún, cadenas de valor con las grandes empresas. Por ejemplo, bastaría un análisis fiscal detallado para que, sin que en términos de valor presente se perdiera un peso en materia recaudatoria, las seis mil 257 maquiladoras y manufactureras de exportación, sustituyeran sus cadenas de valor en el exterior por cadenas de valor —integradas fundamentalmente por Mipymes— instaladas en territorio nacional. Esta medida permitiría que los 156 mil millones de dólares que estas exportadoras trasladan anualmente al exterior se invirtieran en México; multiplicando por ocho la cantidad de inversión extranjera directa que en promedio recibe nuestra economía. Pero más importante aún, permitiría el desarrollo del mercado interno y el incremento sostenido de la productividad de las decenas de miles de Mipymes que integrarían esas cadenas de valor.

Gobernar los mercados también significa el poder decidir hacia qué sectores y regiones se destinan los recursos de los factores económicos para que podamos elevar la productividad de la economía nacional a tasas semejantes a las que la elevó Corea en los últimos 30 años ­—2.4% anual—, condición indispensable para que la economía crezca a tasas suficientemente elevadas como para generar el empleo que el bono demográfico exige y elevar el ingreso de los trabajadores. Gobernar los mercados permitiría que en el proceso se fueran formando los emprendedores que tomarán las decisiones de inversión que logre el objetivo anterior. Y lo que la Ley Reglamentaria en materia de Competitividad propone es que el Comité Nacional de Productividad, instalado el 27 de mayo, sea quien realice ese proceso de gobernanza —que en los hechos se convierte en un proceso de coordinación de decisiones y de compromisos a corto, mediano y largo plazo—, porque en él se incluyen los intereses generales de la Nación —representados por el gobierno—, los intereses de la iniciativa privada, los intereses de los trabajadores y los del sistema educativo responsabilizado de la innovación aplicada que el incremento de la productividad requiere.

La Ley Reglamentaria en Materia de Competitividad también podría ser la que apuntale la reforma financiera, fiscal y energética, en la medida en que tiene una visión integral y de largo plazo de la transformación que requiere nuestra economía.