El progresismo constituye una corriente político-ideológica de origen liberal y de centro-izquierda, que coloca en el centro de su acción la transformación constante de las estructuras sociales, jurídicas e institucionales con el fin de reducir desigualdades y ampliar libertades de las personas. No se trata únicamente de una postura teórica, sino de un proyecto dinámico que asume que las sociedades evolucionan y, por tanto, sus normas deben ajustarse para garantizar justicia, inclusión y dignidad. En ese sentido, el progresismo se define por su vocación reformista: impulsa cambios legales, políticas públicas innovadoras y rediseños institucionales orientados a construir sociedades más equitativas.
Su núcleo axiológico descansa en la igualdad de oportunidades, la justicia social y la defensa irrestricta de los derechos humanos, con especial énfasis en los grupos históricamente vulnerados. Desde esta perspectiva, promueve la equidad de género, la eliminación de brechas salariales, la participación efectiva de las mujeres en todos los niveles de decisión y la protección de minorías, incluyendo comunidades indígenas y diversidad sexual. Asimismo, incorpora la sostenibilidad ambiental y la participación democrática como pilares indispensables para un desarrollo integral.
A diferencia del conservadurismo, que tiende a preservar estructuras tradicionales, el progresismo apuesta por su revisión crítica. No se conforma con el statu quo, sino que busca adaptar las instituciones a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. Este rasgo resulta particularmente relevante en el contexto contemporáneo, marcado por la digitalización, la globalización y la expansión de fenómenos como la desinformación y el extremismo.
En este marco se inscribe la reciente cumbre progresista celebrada en España, encabezada por el presidente Pedro Sánchez, con la participación de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Este encuentro no sólo reafirmó la vigencia del ideario progresista, sino que evidenció la necesidad de articular respuestas multilaterales frente a desafíos globales. Uno de los puntos centrales fue la crítica al funcionamiento actual del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya ineficacia, como señaló Lula da Silva, ha permitido que algunos Estados se arroguen facultades para someter a otros, debilitando el orden internacional.
De ahí surge una de las grandes banderas del progresismo contemporáneo: el fortalecimiento del multilateralismo. Ningún país, por poderoso que sea, debe imponer reglas al resto. La cooperación internacional, el respeto a los tratados y la revitalización de las instituciones globales son condiciones indispensables para garantizar la paz y la equidad entre naciones. En esta línea, también se destacó la urgencia de establecer una gobernanza digital que combata la infodemia, limite la propagación del extremismo y asegure que el espacio digital contribuya al conocimiento y no a la polarización.
Otro eje fundamental fue la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos frente a tendencias autoritarias. La normalización del uso de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos representa una regresión que el progresismo rechaza de manera categórica. Como recordó la presidenta Claudia Sheinbaum, retomando a Benito Juárez: “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, principio que sintetiza la vocación pacifista y jurídica de esta corriente.
En suma, el progresismo no es una doctrina estática, sino un proyecto en construcción permanente que busca armonizar libertad, igualdad y justicia en un mundo complejo. Su apuesta por la reforma institucional, la inclusión social y la cooperación internacional lo posiciona como una alternativa frente a los riesgos del inmovilismo y el extremismo, reivindicando la política como herramienta para mejorar la vida de las personas. ¿O no, estimado lector?