La carreta por delante de los caballos

Los 95 compromisos del Pacto por México dejan a un lado el proyecto de economía que quisiéramos construir los mexicanos para salir del atolladero que llevamos padeciendo desde hace 30 años; atolladero que no nos ha permitido crecer más que a una tasa anual de 2.4%, mientras que países como Chile han estado incrementando su PIB a una tasa de 4% anual y Corea a una tasa de 6.4% al año. Como lo hemos escrito en otras ocasiones, la razón fundamental consiste en lo que acontece con la productividad: mientras que en Chile ha crecido a una tasa de 1% anual en estos 30 años y en Corea a una tasa anual de 2.4%, en México la productividad ha decrecido desde 1980 a la fecha a un ritmo de menos 0.7% al año.

Es bien sabido por la opinión pública que en el Congreso de la Unión se está ventilando la llamada reforma financiera y que en el periodo ordinario de sesiones, que se inicia en septiembre, habremos de analizar la reforma hacendaria y la reforma energética. Desde nuestro punto de vista, la ausencia de un proyecto alternativo de economía en el Pacto por México y el hecho de que en el Congreso de la Unión tengamos que analizar las reformas mencionadas, es como si pusiéramos la “carreta por delante de los caballos”. Porque al final de cuentas, las reformas financiera, hacendaria y energética deberían ser instrumentos necesarios —aunque no suficientes— para transformar la economía actual en una de tal naturaleza y con un crecimiento suficientemente grande como para generar el empleo que demanda el bono demográfico y reducir drásticamente las desigualdades económicas, sociales y regionales existentes, y esa economía objetivo aún no ha sido puesta a discusión ante la ciudadanía.

Dada la coyuntura internacional y nacional actual, me daría por bien servido si esa economía objetivo satisficiera el mandato trazado en el artículo 25 de la Constitución que, a la letra, dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Si tuviéramos una visión de una economía objetivo que efectivamente cumpliera este mandato, podríamos saber si la reforma financiera que ha sido presentada al Congreso y las reformas hacendaria y energética que llegarán en menos de tres meses, son los instrumentos adecuados para que, en su ámbito, nos ayuden a los mexicanos a transitar de una economía neoliberal a la economía objetivo planteada por el 25 constitucional; mientras no estemos de acuerdo en la misma economía objetivo, nuestras opiniones sobre las tres reformas mencionadas no pasarán de ser un conjunto desarticulado de monólogos.

En el proyecto de ley reglamentaria, en materia de competitividad, de los artículos 25 y 26 de la Constitución, pretendemos hacer una propuesta fundamental: que en el seno del Comité Nacional de Productividad, instalado el 27 de mayo pasado, sus integrantes —el Poder Ejecutivo, los representantes de los emprendedores y de los trabajadores, así como los representantes de las instituciones de educación superior— discutan y acuerden una visión de una economía objetivo a 30, 20, diez y cinco años plazo que cumpla con el mandato constitucional. Proponemos también que este proyecto de ley reglamentaria sea dictaminada y votada en el pleno de la Cámara de Diputados en el mes de agosto; es decir, antes de que se vote la reforma financiera y se reciban las reformas hacendaria y energética. Y entonces sí podremos juzgar estas tres reformas, sí cumplen o no el propósito de ser instrumentos que nos sirvan a los mexicanos para construir una economía objetivo como la mandatada en el artículo 25 constitucional.

Ese proyecto de la ley reglamentaria también propone, como instrumentos de una economía objetivo de tal naturaleza, una política industrial selectiva enfocada: 1) al desarrollo de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el incremento de sus capacidades tecnológicas y organizacionales —la conformación de clusters y cadenas productivas ligadas a grandes empresas competitivas a escala nacional e internacional—; 2) a la selección de sectores económicos capaces de jalar la economía a las tasas necesarias; 3) a la sustitución de las cadenas productivas que las seis mil 257 maquiladoras tienen en el extranjero, por cadenas productivas instaladas en territorio nacional; 4) a la conformación de sistemas sectoriales de innovación aplicada; y 5) a la selección de las regiones marginadas en donde se puedan promover polos de desarrollo, que les permitan acelerar su crecimiento para reducir las desigualdades existentes.

Así sí estaríamos colocando a los “caballos por delante de la carreta”, sabiendo que los caballos emprenderían el camino que nos llevaría a los mexicanos a transformar la economía neoliberal en una economía objetivo semejante a la planteada por el artículo 25 constitucional.