Nuevo jaque al neoliberalismo

Los mexicanos estamos aún muy lejos de poder darle jaque mate a la forma neoliberal del capitalismo que impera en México desde hace casi 30 años; pero en esta columna hemos venido destacando algunos datos que expresan los continuos jaques a la teoría económica neoclásica y a la ideología neoliberal. El INEGI acaba de publicar un boletín de investigación elaborado con base en 17 indicadores cualitativos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de los años 2000 y 2010, que muestra el fracaso del modelo económico que padecemos: un nuevo “jaque al rey”.

Los resultados sobre la profunda inequidad social que priva en México son impactantes: 66.4 millones de individuos pertenecen a la clase baja, que representa 59.1% de la población nacional; mientras que un millón 340 mil personas integran la clase alta, o sea 1.7% del total de la población, eso quiere decir que por cada persona de la clase alta hay 49 personas de la clase baja. 44 millones serían los clasemedieros, de los cuales 33 millones son urbanos y 11 millones, habitantes del medio rural. Mientras que la clase baja está constituida por 59.1% de los habitantes del país, la población que padece pobreza representa 42.6%, es decir, el INEGI afirma que la pobreza no es una clase social sino una condición que se presenta con mayor probabilidad en la clase baja. El problema estructural para nuestro país consiste, entonces, no solamente en resolver el problema de la pobreza, sino también de la clase baja como un segmento poblacional que es estable, estadísticamente hablando, y que ha tenido que sobrevivir gracias a los mecanismos de protección del Estado y/o a la pertenencia a redes de solidaridad grupal.

Al mismo tiempo que se conocía esta información se presentaron varias ponencias en un foro sobre política tributaria en la Cámara de Diputados. En esta columna queremos destacar algunos datos proporcionados por el doctor Hugo Beteta, director subregional de la CEPAL en México y la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL para América Latina. El director subregional de la CEPAL expresó que “la extensión de la recaudación del IVA a alimentos y medicinas con una tasa de 16% es el que genera la mayor recaudación tributaria —2% del PIB—, según los niveles de evasión; no obstante, es la medida que genera el mayor aumento de la pobreza”. Agrega el doctor Beteta: “el análisis de la CEPAL revela que suponiendo una evasión tributaria de 30% y compensando hasta el decil 6, este tema del IVA no sólo le pega a los más pobres, también le pega a las clases medias.” Si la reforma fiscal propone la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, la pobreza se dispararía de 47.5% a 51 por ciento. El doctor Beteta, insistió en la necesidad de conectar “a las funciones esenciales de las finanzas públicas, con la reducción de la desigualdad”.

La doctora Alicia Bárcena destacó la baja carga tributaria, la estructura regresiva de nuestro sistema fiscal, la alta evasión y las exenciones generalizadas, por lo que urge una renovación de los pactos fiscales con objeto de que el gasto público tenga un mayor impacto redistributivo. La reforma fiscal que se anuncia para septiembre debe ser integral, que aumente la tributación, mejore su composición y, en esa medida, en lugar de reproducir las desigualdades económicas, se convierta en un instrumento para reducir la pobreza y fortalecer a la clase media mediante políticas económicas que incrementen la productividad y generen empleo decente y, por lo tanto, mejores ingresos para la población trabajadora. Por ejemplo, las tasas del impuesto sobre la renta en América Latina son las más bajas del mundo: la personal es de 29%, mientras que en África subsahariana y la OCDE es de 45 por ciento. Mientras que el impuesto a la renta en la OCDE es de 11.5% como porcentaje del PIB, en América Latina apenas llega a 4.6 por ciento.

Nosotros estamos convencidos de que la política social permite que no empeore la pobreza, pero también que no resuelve el problema. El problema solamente se resuelve con crecimiento económico de largo plazo a tasas suficientemente altas, producto de un incremento anual y sostenido de la productividad para absorber la demanda de empleo decente generada por el bono demográfico. Y para crecer se requiere, como lo apuntó la doctora Bárcena, de finanzas públicas que partan de una política fiscal progresiva. La secretaria ejecutiva de la CEPAL insistió sobre lo que hemos venido planteando en esta columna: la elaboración e implementación de una política industrial que genere un cambio estructural virtuoso en nuestra planta productiva, así como la necesidad de incrementar la productividad de las Mipymes integrándolas  en cadenas productivas a las grandes empresas que producen bienes y servicios para el mercado interno y, sobre todo, a las exportadoras.

En un par de semanas estaremos sometiendo a consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa de ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 constitucionales sobre competitividad y productividad, que incluye los más importantes conceptos vertidos por los dirigentes de la CEPAL.