Productividad, Pobreza e Izquierda

El crecimiento del PIB en México desde 1980 a la fecha ha sido de 2.4% anual; mientras que en Chile y Corea el crecimiento promedio en los últimos 30 años fue superior al 4%, destacando el de Corea con 6%. La diferencia radica en el tamaño del incremento anual de la productividad. De 1980 a la fecha, la productividad anual creció en Chile al 1% y en Corea al 2.4%, mientras que en nuestro país decreció al 0.7% anual; siendo que de 1950 a 1980 la productividad en México creció de manera sostenida. Si la productividad en México hubiera seguido creciendo de 1980 a la fecha, si la productividad de la economía mexicana hubiera crecido en los últimos 50 años como la coreana, nuestro PIB per cápita sería cuatro veces mayor al que hoy tenemos y 86% de los mexicanos que hoy padecen pobreza hubieran podido salir de ella: es decir solamente 6.4% de los mexicanos serían pobres.

Estas cifras tan contundentes fueron pronunciadas por Luis Videgaray —secretario de Hacienda— el 9 de mayo en un evento preparatorio del PND; asumiendo un discurso que lo deslinda significativamente de lo que nos ha venido pregonando el neoliberalismo hegemónico desde hace 30 años; discurso que nos permite a la izquierda establecer un diálogo constructor de un nuevo modelo económico con el Poder Ejecutivo.

En ese mismo evento, tanto el presidente Peña Nieto como el secretario de Hacienda sostuvieron la necesidad de hacer transformaciones profundas a la estructura de la economía mexicana, democratizar el incremento sostenido anual de la productividad y promover una nueva política industrial. Con otras palabras, es lo que hemos venido sosteniendo en los libros publicados en 2003 y 2011 La Difícil Construcción de una Utopía y Una Economía Alternativa para México, respectivamente, así como en las ideas —publicadas los últimos meses en esta columna de Excélsior— que proponemos para la Ley reglamentaria de la reforma constitucional de los artículos 25 y 26 en materia de competitividad.

En las próximas líneas pretendo recordarle al lector, en términos muy resumidos, los puntos fundamentales de estas ideas: 1) urge que el cambio estructural de la economía implique volver a fortalecer la economía interna, al mismo tiempo que se fortalece nuestra competitividad en los mercados internacionales; 2) el incremento sostenido de la productividad de las MIPyMEs —que son la mayoría de las empresas nacionales, así como las que mayor empleo generan—, sólo se puede lograr incentivando y apoyando su integración en clusters y/o cadenas de valor que les permitan incrementar sostenidamente sus capacidades tecnológicas y organizacionales y, por lo tanto, democratizar la productividad tanto en términos sectoriales como en tamaño de empresas; 3) incentivar a las 6,257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación para que sustituyan las cadenas de valor que ahora tienen en el extranjero por cadenas de valor establecidas en territorio nacional (ya que, como lo sostuvo Ildefonso Guajardo —secretario de Economía— solo 33% del valor exportado es de integración nacional); ello podría generar una inversión de 160 mmd anuales, que desarrollaría el mercado doméstico; 4) consensuadamente habrá que seleccionar sectores (sistemas-producto en el campo agropecuario) que serán estratégicos en el desarrollo nacional de la productividad en el corto, mediano y largo plazos con objeto de absorber el empleo demandado por el bono demográfico, aumentar el ingreso per cápita y reducir la pobreza; 5) más que una concepción estatal de los sectores estratégicos, habrá que pensar en términos regionales, creando zonas económicas estratégicas basadas en ventajas competitivas dinámicas y no en ventajas comparativas estáticas; 6) la democratización de la productividad en términos territoriales se puede generar en las regiones y estados que más lo necesiten, promoviendo la concentración de la infraestructura social, productiva y de telecomunicaciones básica en pequeñas ciudades rurales (de cinco a 15 mil habitantes), que conformen una red de soporte al crecimiento y despliegue de las MIPyMEs; 7) cada sector y región estratégicos seleccionados habrán de constituir un sistema sectorial o regional de innovación aplicada con el propósito de crear y proponer las innovaciones específicas en materia de capacidad tecnológica y/u organizacional que se requieran; 8) estas acciones requieren del fortalecimiento de la banca de desarrollo, así como del acceso al financiamiento y capital de riesgo; 9) fundamentalmente se requiere de una rectoría estatal del desarrollo nacional que implique la gobernanza y/u orientación de ciertos mercados; y 10) se requiere la coordinación del Estado con los empresarios, trabajadores e instituciones de investigación para definir e impulsar la estrategia nacional de un crecimiento económico a corto, mediano y largo plazo, sustentado en el incremento sostenido de la productividad, mediante matrices de compromiso integradas por indicadores objetivos de desempeño, para poder fomentar el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

Esta coordinación habrá de darse en el Comité Nacional de Productividad, como lo plantea el artículo 153 K y 153 L de la Ley Federal del Trabajo; comité que deberá constituirse antes del 30 de mayo.