Una economía alternativa a la liberal

En nuestra columna de hace ocho días mostramos con datos duros que la incapacidad de una economía liberal regida por los llamados mercados libres fuera la indicada para reactivar la economía mexicana y generar el empleo que demanda el bono demográfico. En esta ocasión quiero proponerle al lector los lineamientos fundamentales de una economía alternativa indispensable para que nuestro crecimiento sea por lo menos 6% anual, que es la tasa mínima para poder emplear a todos los mexicanos que demandan un trabajo digno.

Dos son las propuestas generales. En primer lugar, con los incentivos y los apoyos necesarios proporcionados por el Estado deberemos emprender un cambio estructural en nuestra planta productiva de bienes y servicios, como lo plantea el último libro de la Cepal. Esto quiere decir, promover una reasignación de los factores de la producción —capital y trabajo— hacia sectores y ramas con una mayor tasa de crecimiento de la productividad y un mayor dinamismo en los mercados nacionales e internacionales. Implica un aumento del peso en la producción y el comercio de los sectores o actividades más intensivos en conocimiento, con trayectorias de incremento más dinámico de su productividad, así como insertar a la planta productiva en mercados nacionales e internacionales de rápido crecimiento de su demanda. En segundo lugar, el Estado deberá incentivar y apoyar los procesos necesarios para elevar la proporción de empresas que alcancen una tasa de crecimiento de su productividad, que por lo menos sea equivalente a la del promedio mundial, con objeto de reducir significativamente la polarización actual de la productividad, tanto en términos de sectores como de tamaño de empresas.

Una economía alternativa a la liberal también implicaría varias propuestas específicas, en las cuales el Estado debe asumir el papel impulsor y rector de la economía como lo establece el artículo 25 Constitucional. La primera, consiste en promover procesos de encadenamientos nacionales de las empresas exportadoras con las MiPymes situadas en territorio nacional, con objeto de que los recursos que ahora se le escapan a México por concepto de importación de insumos para la exportación se inviertan en la economía interna. Segunda, los programas destinados a desarrollar las MiPymes deben enfocarse fundamentalmente al escalamiento de su organización como clusters que mejoren sus economías de escala y/o como cadenas de valor que les permita sistemáticamente ser receptoras de mejoras tecnológicas y organizacionales. Por sí solas las MiPymes difícilmente pueden ser competitivas. Tercera, promover que empresas como Pemex y CFE, así como que los tres órdenes de gobierno impulsen el incremento del contenido nacional de sus adquisiciones, principalmente de las provenientes de MiPymes organizadas en clusters y/o en cadenas de valor.

En cuarto lugar, emprender una política industrial o, como también se le llama, una política de desarrollo productivo, consensuada, moderna y activa —tanto transversal como vertical— que fomente cambios en la estructura productiva, promueva la productividad, genere encadenamientos productivos, apoye sectores clave seleccionados por su futuro crecimiento, su contenido tecnológico, valore agregado nacional, generadores de empleo digno, así como capacidad para generar externalidades positivas en el resto de la economía interna. A este respecto, el presidente Enrique Peña Nieto y el Consejo Coordinador Empresarial acordaron que “México debe adoptar una política industrial de largo plazo que promueva un cambio en las unidades productivas, que desarrolle ventajas competitivas sustentables, que incremente la productividad y competitividad en toda la cadena de valor y que acelere y mantenga tasas de crecimiento económico sustentable más elevadas”.

Quinto, en forma consensuada por los sectores público, privado y social, como lo establecen los artículos 25 y 26 de la Constitución, seleccionar sectores económicos clave que algunos, expresen ventajas a corto plazo para incrementar su productividad y generar empleo digno y otros con ventajas de largo plazo (v.gr. diez años) que expresen alta capacidad para incrementar su productividad y competitividad, así como tener un alto impacto potencial para México en materia de generación de externalidades y encadenamientos.

Todo lo anterior puede realizarse a partir de las oportunidades, inutilizadas hasta la fecha por la economía liberal, que existen tanto en la Organización Mundial de Comercio como en los tratados de libre comercio que México ha firmado. Oportunidades como incentivos fiscales y financieros, compras públicas, formación de recursos humanos, tanto empresariales como laborales, apoyo a proyectos de investigación y desarrollo, creación de servicios e inclusive promoción “ligera” de exportaciones.

Esta economía alternativa a la liberal puede perfectamente bien ser promovida, tanto por la izquierda como por un priismo que enarbole una bandera nacionalista revolucionaria —no vieja, sino— del siglo XXI. Un modelo de economía así es el que hace falta aún en el Pacto por México.