Autonomía plena para el IFAI
Las diferencias personales dentro de una institución, derivadas quizás en este caso de las legítimas aspiraciones de sus integrantes, no tienen que ver con la evaluación que de forma institucional se debe hacer de los actores que la conforman...
La polémica desatada respecto a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobre sus diferencias internas, por la disputa de la Presidencia del órgano que ya encabeza Gerardo Laveaga, motivaron que diversos actores políticos emitieran opiniones respecto al tema e incluso que algunos legisladores cayeran en la tentación de plantear la destitución de los comisionados de la Institución.
Si bien es cierto que los senadores participan en la elección de los integrantes del IFAI, la norma establece que pueden ser removidos “cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución” o en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, actualmente, no vemos una razón de fondo para poner en tela de juicio su actuación institucional. Las diferencias personales dentro de una institución, derivadas quizás en este caso de las legítimas aspiraciones de sus integrantes, no tienen que ver con la evaluación que de forma institucional se debe hacer de los actores que la conforman.
En el preciso momento en que se discute en la Cámara de Diputados la minuta que emana del Senado de la República donde reforma el artículo 6º constitucional, resulta anticlimático que la atención se concentre en la sustitución de los comisionados del IFAI cuando los puntos fundamentales son: Brindarle autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios.
El asunto no es menor porque el tema de la trasparencia y la anticorrupción son banderas electorales y de gobierno del recién elegido Presidente de la República y, fundamentalmente, también una exigencia de los ciudadanos para que las instituciones y los recursos públicos no sean utilizados para intereses ilegítimos. Para dimensionar este tema vale la pena recordar los índices de percepción de la corrupción señalados por instituciones como Transparencia Internacional en el mes de diciembre del año pasado: “…Dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en una escala que va de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que señala que las instituciones públicas deben incrementar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa… México es evaluado con una puntuación de 34 y ocupa la posición 105, junto con países como Argelia, Armenia, Bolivia, Gambia, Kosovo, Mali y Filipinas. Si se compara México con otros bloques político-económicos como el G20 y la OCDE, ocupa la posición 17 de 19 y 34 de 34, respectivamente…”
La iniciativa en análisis y discusión de la Cámara de Diputados no se limita al ámbito federal y precisamente es su mayor riqueza, se concentra en la propuesta de que los estados de la República establezcan órganos dotados de autonomía y especializados para garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales. Esto evidentemente abona para que los ciudadanos tengan mejores herramientas para darle seguimiento al gasto público y, sobre todo, elementos que generan confianza sobre el destino de los impuestos con los que ellos participan. Sin lugar a dudas, el combate a la corrupción requiere no sólo de esta reforma sino también de otras relacionadas con el diseño de las políticas públicas y su eficiente seguimiento por medio de la construcción de indicadores que puedan evaluar los avances de las acciones de los tres órganos de gobierno.
La iniciativa es un avance para que un órgano como el IFAI se trasforme en uno verdaderamente garante que tenga mayores facultades para responder cuando los ciudadanos se acercan a él.
La transparencia y acceso a la información de los entes públicos no es una concesión que se hace al ciudadano, es una victoria de éstos y una consolidación de los caminos que la democracia construye. De aprobarse la iniciativa, las herramientas ahora estarán de lado de los ciudadanos que con su participación consolidarán al IFAI y limitarán los caminos que algunos funcionarios pudieran querer seguir para utilizar los recursos públicos en su provecho personal.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM