El montaje del catarrito
A pesar de la estrecha vinculación de nuestra economía con la estadunidense, el gobierno mexicano renunció a tener una política preventiva y proactiva, y prefirió la simulación.
Por Mario Delgado*
En la borrachera de la deuda de estados y municipios, también ha habido cantineros paleros e irresponsables: los bancos que sospechosamente prestan cada vez más caro a gobiernos con problemas y una dudosa capacidad de pago, apostando en el fondo, a que llegue el gobierno federal a rescatarlos.
La primera gran decisión que tendrá que tomar el nuevo secretario de Hacienda para resguardar la “estabilidad económica” es si desentenderse de la endeble situación por la que atraviesan las arcas de estados y municipios cerrándoles la llave de la deuda o aprovechar que conoce el origen de la fragilidad que persiste en las finanzas sub-nacionales, porque sufrió el manejo insensato de la última crisis como secretario de Finanzas del Estado de México.
En septiembre de 2007, la economía más poderosa del mundo entraba en una de las peores crisis de su historia. A pesar de la estrecha vinculación de nuestra economía con la estadunidense, el gobierno mexicano renunció a tener una política preventiva y proactiva, y prefirió la simulación. Al más puro estilo García Luna, Hacienda no se quedó atrás y preparó su propio montaje, lo que importaba era la imagen mediática, la realidad era lo de menos, había que engañar a todos: estábamos blindados. El montaje del catarrito llevó a que en septiembre de 2008 se proyectara en el paquete presupuestal un crecimiento de 3% para 2009, terminó cayendo un histórico 6%, un error de -9 puntos del PIB. Sabemos las consecuencias que esto provocó en la economía en términos de empleo y pobreza, pero conocemos poco de cómo vivieron los estados y municipios esta crisis en sus finanzas.
La bolsa que se reparte a estados y municipios cayó en 2009 en más de 100 mil millones de pesos. En lugar de haber ajustado las expectativas y advertir oportunamente de la caída en los ingresos por participaciones federales —ingresos de los que dependen en 95% los estados y municipios— se reconoció la crisis hasta el segundo semestre, demasiado tarde para que realizaran ajustes a los compromisos de gasto. Aunque hubo algunos apoyos por parte de Hacienda —como adelantarles ingresos excedentes del petróleo—, fueron insuficientes para el tamaño del problema y desde entonces las finanzas estatales quedaron heridas. A la fecha, las participaciones a estados y municipios siguen por debajo de lo que recibieron en 2008.
No es casualidad, entonces, que justamente a partir de 2008 se haya dado un aumento explosivo en la deuda subnacional. Se duplicó en sólo cuatro años, a diferencia de la estabilidad que había mostrado en los últimos 15. El monto registrado es de 3% del PIB, el no registrado nadie lo conoce, pero proviene de créditos de corto plazo, deuda a proveedores, cadenas productivas, factorajes y otros vehículos que los estados y municipios han utilizado para enfrentar sus desequilibrios y que no pasan ni por los cabildos ni por los congresos de los estados. El pequeño rescate ejecutado en diciembre por el nuevo gobierno, al adelantarle ingresos a un número significativo de estados y municipios, ha evitado que haya más moratorias.
El problema, en conclusión, no es la deuda, sino la fragilidad en la que se encuentran las finanzas de los gobiernos subnacionales —estados y municipios—, producto de la simulación de Hacienda en 2009 y del agotamiento del pacto fiscal. Es claro también que ha habido muy pocos esfuerzos por tener programas de ajuste al gasto operativo o de incrementar los ingresos propios —como en el DF y el Edomex— y una gran cantidad de abusos que ha llevado a que la percepción sobre la deuda pública sea completamente negativa y asociada a corrupción y fraude.
Una solución de fondo pasa: 1.-Por redefinir la responsabilidad fiscal como una obligación compartida entre los tres niveles de gobierno, con mecanismos claros de apoyo en casos de crisis y medidas contra-cíclicas. 2.-Habrá que eliminar la falta de transparencia que impide que haya un mercado eficiente de crédito para estados y municipios, que sea capaz de evaluar riesgos y abaratar el financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo económico. 3.-Hay que desempolvar a la banca de desarrollo para que cumpla su papel de agente financiero del sector público, y 4.-Sancionar severamente a funcionarios y banqueros irresponsables.
*Senador por el PRD
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