El presupuesto del gobierno

El Congreso de la Unión acaba de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del nuevo gobierno. Después de la firma del Pacto por México, muchos ciudadanos imaginaron que el presupuesto del gobierno reflejaría en buena medida los recursos públicos requeridos para empezar a llevar a la práctica varios de los 95 puntos contenidos en el Pacto. Sin embargo, para nada ha sido así. En la Ley de Ingresos no hay un intento serio por solucionar la gran evasión y elusión de impuestos, ni tampoco el acabar con los paraísos fiscales que benefician a las corporaciones más grandes o cobrar impuestos a las transacciones financieras, ni mucho menos aumentar progresivamente el Impuesto Sobre la Renta para reducir, por este conducto, las terribles inequidades de ingreso que se padecen en México. Los ingresos públicos caerán como porcentaje del PIB a 21.4%, cuando en 2012 fueron de 23.7%; y por supuesto los ingresos tributarios seguirán siendo de los más bajos en América Latina: sólo 9.7% del PIB.

El presupuesto de egresos sigue siendo pro cíclico; es decir, en lugar de inyectar más recursos a la economía para incrementar la demanda en momentos en los que la mayoría de las economías del mundo —y por supuesto también la mexicana— padecen estancamiento, se propone por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se aprueba por la Cámara de Diputados un presupuesto de egresos con cero déficit fiscal. Se argumentó que había que privilegiar un presupuesto inercial para evitar el “nerviosismo” de los mercados financieros. De hecho a pesar de la alternancia en el poder se sigue padeciendo el modelo neoliberal de la economía, que ha privilegiado al capital financiero desde hace ya tres décadas.

Con una imagen muy sencilla se puede explicar brevemente lo que sucede en nuestro país: antes del inicio de la década de los ochenta, el Presidente de la República definía el programa de gobierno a realizar y le ordenaba al secretario de Hacienda que diseñara una Ley de Ingresos que generara los recursos necesarios y suficientes para satisfacer ese programa; con el neoliberalismo es la Secretaría de Hacienda la que define qué programas son los que se pueden realizar con los recursos que capta y el Presidente y sus otros secretarios se tienen que ajustar a los dictados de quien manda en materia de recursos financieros. Obviamente, los mexicanos somos los que pagamos los costos de un modelo que ha invertido el orden de las cosas.

Los trabajadores sólo verán incrementado el salario mínimo en 2.43 pesos. Éste será a partir del 1 de enero de 2013 de 64.76 pesos diarios, para la zona geográfica “A”. Este incremento es inferior, en términos porcentuales a los otorgados en los últimos tres años del panismo. INEGI reportó que seis de cada diez trabajadores lo hacen en la informalidad; es decir, 29.3 millones de empleados laboran sin seguridad social, ni ningún otro tipo de derecho social garantizado por un contrato. En algunas entidades del país, la informalidad laboral llega ya a niveles alarmantes: por ejemplo, en Guerrero y Oaxaca es de 80.8%; en Michoacán, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas es más de 70%; e incluso en Nuevo León y el Distrito Federal es más de 40%; y en Jalisco y el Estado de México más de 50 por ciento.

Los altos niveles de informalidad en México, en especial entre jóvenes, implican un riesgo de colapso para el mercado laboral, alertó hace unos días Elizabeth Tinoco, directora de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. Con el presupuesto para 2013 se ve imposible la construcción de un sistema articulado de protección social, mencionó la directora. A decir de la funcionaria, el impulso al mercado laboral formal es indispensable para contribuir a reducir la desigualdad que se da al interior del propio mundo del trabajo. De hecho se está creando una dualidad o triplicidad de salarios.

Según la Cepal el PIB creció en 2012, 3.8%, ligeramente menor que en 2011 que fue de 3.9 por ciento. La propia Comisión Económica para América Latina prevé para 2013 que la economía mexicana no crecerá más allá de 3.5 por ciento. Es decir, el presupuesto de egresos del gobierno federal, no solamente no está cooperando para revertir esta tendencia a la baja en el crecimiento de nuestra economía, sino que está colaborando para que continúe la dinámica que padece desde hace unos años.

Duele pensar cómo es posible que funcionarios con doctorados en economía en universidades muy prestigiadas de Estados Unidos, no sean capaces de recordar el “abc” de la teoría de Keynes que salvó al mundo capitalista de la crisis de 1929 a 1933 y, por lo tanto, sigan cavando el hoyo iniciado con la crisis de 2008, bajo el pretexto de no provocar el más mínimo nerviosismo de los especuladores de los mercados financieros.