Empoderamiento económico y competitividad

La competitividad es producto del desarrollo de las capacidades tecnológicas y organizacionales de las empresas, así como del empoderamiento de los agentes económicos, todo lo cual conduce al incremento de la productividad. Es decir, la competitividad a largo plazo depende del aumento sostenido de la productividad, no del abaratamiento de la fuerza de trabajo como lo pretende la reforma laboral enviada por Felipe Calderón. Insisto: no radica en abaratar los costos de producción a costa de disminuir salarios y eliminar, de la ley, prestaciones sociales.

La economía mexicana actual está polarizada: por un lado las grandes empresas que exportan u obtienen el mayor porcentaje de sus ganancias especulando financieramente; y por otro, la mayoría de ellas, que son pequeñas y micro, que abastecen a un mercado interno cada vez más deprimido y, por lo tanto, apenas sobreviven. Los mercados más rentables se volvieron espacios virtuales de transacciones financieras sin la más mínima regulación. Todo lo anterior, con el aval del Estado y ningún beneficio para las mayorías. El capital financiero es el que gobierna en administraciones como la mexicana. El capital productivo ha pasado a un segundo término.

Para quienes impulsamos un proyecto alternativo de economía, un cambio verdadero en la política económica nacional, buscamos modificar las condiciones objetivas e impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. El panorama internacional evidencia que el principio regidor actual del capitalismo —la maximización del valor de las acciones— fracasó y es necesario darle viabilidad a las empresas en el largo plazo, así como contrarrestar los efectos devastadores del libre mercado, la liberalización del comercio internacional, la desregulación financiera y las privatizaciones.

¿Cuál es la importancia de promover la acumulación de capacidades tecnológicas y organizacionales, principalmente entre los micro y pequeños empresarios? Se trata de disminuir las desigualdades —la polarización de la planta productiva—, porque reactivar la economía nacional implica desarrollar las fuerzas productivas, de manera que no sean únicamente las grandes empresas nacionales y transnacionales las que tengan posibilidades de crecimiento. Cabe recordar que son los micro y pequeños empresarios los que dan trabajo al mayor porcentaje de la población en edades económicamente activas y es el sector que se desempeña apenas en el nivel de la sobrevivencia, no más.

Uno de los principales problemas que enfrenta la economía mexicana es la falta de innovación y disposición a aprender de la mayoría de los agentes económicos, cualquiera que sea su nivel de producción, así como la incapacidad de los gobernantes para crear las instituciones que transformen esas actitudes. Por ello, considero fundamental que nuevas instancias de colaboración no nada más se centren en la capacidad de producción, sino que a fin de alcanzar mayores índices de productividad, desarrollen capacidades, entendiendo por ella los conocimientos técnicos y organizacionales, así como pautas de comportamiento y matrices de compromiso que involucren a emprendedores, trabajadores, proveedores, clientes y gobierno. Consiste en un proceso de esfuerzos sostenidos llevados a cabo tanto por las propias empresas y unidades económicas, como por el gobierno.

Si planteamos “aprender” como un asunto colectivo es porque la adquisición y acumulación de capacidades tecnológicas y organizacionales es un aprendizaje tácito, el cual se propicia y genera en el contexto de una división del trabajo compleja, que paulatinamente forma parte de la manera en que funcionan los agentes económicos. En este sentido, es similar al proceso de adquirir ciudadanía plena: sin capacidades no se pueden ejercer derechos o libertades.

Rescatar la función del Estado como facilitador de relaciones económicas justas es primordial. Me refiero a un Estado que, conjuntamente con empresarios y trabajadores, tenga capacidad de trazar las estrategias comunes de corto, mediano y largo plazos; estrategias generadoras de empleo, fortalecedoras del mercado interno, reindustrializadoras del aparato productivo y promotoras de una economía que se inserte en la globalización de manera significativamente distinta a la neoliberal actual.

Sería un pacto de los sectores público, privado y social, que funcione en los hechos como proveedor de gobernanza económica, construyendo instituciones que incentiven y apoyen el empoderamiento de todos los agentes económicos —especialmente a los micro y pequeños emprendedores y a los trabajadores— para la superación de retos, que los cambios nacionales e internacionales presentan, alertando sobre las oportunidades, reduciendo riesgos y emprendiendo sistemas nacionales de innovación. Significa, también, hacer valer el artículo 25 de nuestra Carta Magna, según el cual corresponde al Estado “la rectoría del desarrollo nacional para que éste sea integral y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”.