Política anticorrupción sin simulación
Uno de los descubrimientos sociales más trascendentes en los últimos 15 años ha sido el empoderamiento que ha adquirido el electorado. Como se ha hecho patente con el último proceso electoral, cuando una opción política ya no convence, sencillamente el elector opta ...
Uno de los descubrimientos sociales más trascendentes en los últimos 15 años ha sido el empoderamiento que ha adquirido el electorado. Como se ha hecho patente con el último proceso electoral, cuando una opción política ya no convence, sencillamente el elector opta por la alternancia del partido en turno. Eso sucedió el pasado 1 de julio, cuando la mayoría de ciudadanos que acudieron a las urnas decidieron quitarle su confianza al PAN y otorgársela de nuevo al PRI, debido a una serie de expectativas frustradas y promesas incumplidas del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Si Enrique Peña Nieto y su partido entienden con claridad eso, tomarán con la mayor seriedad las expectativas sociales generadas una vez que han anunciado como prioridad del próximo gobierno apostar por generar una política seria contra la corrupción y combatir de raíz ese problema sistémico de nuestras instituciones públicas.
La explicación de esta prioridad para el Presidente electo se entiende si se toma en cuenta que uno de los principales estigmas del PRI —y que propició su salida del poder en el 2000— fue la descomposición en el ejercicio del poder, por el enriquecimiento ilícito de múltiples funcionarios vinculados al partido. Por ello, a sabiendas de que más de 60% del electorado no le dio su voto y una gran parte de los que recibió fueron condicionados (por el voto dividido que se reflejó en el legislativo), optó por una apuesta de alto calado que, de ganarla, le puede garantizar a su partido la permanencia el próximo sexenio.
Sin embargo, para lograrlo desde el primer día de su mandato, él y su gabinete deberán sacudirse esa imagen asociada al PRI y dar muestra de republicanismo. ¿Cómo? Vacunándose de raíz de una gran fila de personajes que han alimentado esa imagen y añoran regresar a los viejos tiempos del uso y abuso del presupuesto público.
Un paso esencial deberá ser revertir la política de simulación en el combate a la corrupción del actual gobierno, consistente en discursos vacíos y en la falta de transparencia ante abusos palmarios al presupuesto. Porque, después de casi seis años, no hemos visto una sola investigación ni un proceso de algún funcionario de alto rango cercano al equipo presidencial. Qué decir de los escándalos del dominio público respecto a la nula actuación de la Secretaría de la Función Pública frente a casos como la compra —sin acreditar origen de los recursos— de un departamento por más de un millón y medio de dólares del señor César Nava (ex secretario particular del Presidente) o del evidente desfalco al erario con la construcción de la Estela de Luz, que costó más de mil millones de pesos, cuando el presupuesto original no llegaba a los 200 (cinco veces su valor), entre otros.
De ahí que no sea descartable que el equipo de estrategas presidenciales apuesten por demostrar un cambio radical y busquen consolidar una agencia anticorrupción en verdad autónoma e independiente ante el Ejecutivo y sin vínculos con el PRI. Así, Peña Nieto mandaría un mensaje claro de que el combate a la corrupción es para propios y extraños y que son decisiones que no dependen de los círculos del poder presidencial, sino de un organismo público protegido e incluido en la Constitución para combatir a fondo la corrupción.
Más allá de eso, hay la posibilidad de que se repita la historia cuando Ernesto Zedillo, al inicio de su gestión, mandó un mensaje de transparencia y civilidad política, al nombrar a Antonio Lozano Gracia procurador general de la República. Es decir, es factible que Peña Nieto opte por proponer una terna de personalidades de reconocida trayectoria y probidad, ajenas a su partido y que provengan de fuerzas políticas distintas que garanticen una mayor transparencia e imparcialidad.
No podemos perder de vista que para que realmente pueda tener éxito crear una institución pública encargada de investigar y combatir la corrupción en nuestro sistema político, necesariamente se le debe apostar desde su creación a dotarla de condiciones de absoluta autonomía e independencia frente a los poderes públicos y de facto. Además, tener en cuenta que un proyecto así debe superar el principio de no retroactividad, ya que, como sucede en otros países con las instancias creadas para investigar y castigar delitos de lesa humanidad, son prácticas del pasado que agravian a una sociedad y no pueden quedar impunes por argucias legales.
Dice el filósofo del derecho Ernesto Garzón Valdés que los actos y actividades corruptas en una sociedad son sólo la punta de un iceberg que indica la existencia de un problema mucho más profundo, porque los actos corruptos son la imposición de intereses e influencia destructoras del sistema normativo y la cohesión social y, por ende, prácticas contrarias al ideal democrático. Esperemos que el próximo gobierno no caiga en simulación y dé muestras de su repudio y convicción para combatirlas. De lo contrario, no es descartable que dentro de seis años el poder ciudadano del voto se vuelva a hacer sentir.
*Abogado y ex titular de la Fepade